El paquete de S/ 18.000 millones para enfrentar El Niño elevaría el déficit fiscal de 1,4% a 2,4% del PBI en 2027. Aunque el Gobierno defiende la medida como una respuesta excepcional para proteger la economía, el mayor gasto abre interrogantes sobre el endeudamiento, la confianza empresarial y la capacidad del Estado para evitar que una emergencia termine debilitando las perspectivas de inversión.
Perú se enfrenta a una paradoja económica: necesita gastar más para proteger su aparato productivo de los efectos del fenómeno El Niño, pero hacerlo supone elevar el déficit fiscal en un momento en que la credibilidad de las cuentas públicas constituye uno de sus principales activos frente a los inversionistas.
El Gobierno ha anunciado un paquete de S/ 18.000 millones para 2027, destinado a infraestructura, bonos para hogares vulnerables, mantenimiento de servicios públicos y subsidios a los combustibles. La operación elevaría el déficit fiscal previsto del 1,4% al 2,4% del producto bruto interno (PBI) y extendería hasta 2031 el horizonte para alcanzar un déficit del 1%.
La decisión busca evitar que las perturbaciones climáticas, el encarecimiento de la energía y las presiones financieras internacionales deterioren el crecimiento. Sin embargo, el mercado evaluará algo más que la justificación de la emergencia: querrá saber cómo se financiará el gasto, qué resultados producirá y si el Gobierno podrá cumplir su nueva trayectoria fiscal.
El riesgo no es únicamente gastar más. Es gastar más sin generar suficiente crecimiento para compensar el costo.
Un déficit mayor en un momento delicado
La posición fiscal peruana ha sido históricamente uno de los factores que diferencian al país de otras economías latinoamericanas. La prudencia presupuestaria, una deuda pública relativamente contenida y la autonomía del Banco Central han contribuido a sostener la confianza macroeconómica.
Pero ese margen no es ilimitado. Un aumento del déficit implica mayores necesidades de financiamiento o una utilización más intensa de los recursos fiscales disponibles. Si los ingresos públicos no crecen al ritmo esperado, el Estado tendrá que ajustar otras partidas, recurrir al endeudamiento o encontrar fuentes adicionales de financiamiento.
Para los inversionistas, la pregunta central será si la expansión fiscal es temporal y productiva o si anticipa una trayectoria de desequilibrios persistentes.
Un deterioro sostenido de las expectativas fiscales podría presionar las tasas de interés de los bonos soberanos, encarecer el crédito y elevar la incertidumbre sobre el costo de capital de las empresas. Si ese escenario se materializara, algunos proyectos privados podrían aplazarse, reducir su escala o exigir una rentabilidad mayor para compensar el riesgo.
No significa que el paquete vaya a provocar automáticamente una caída de la inversión. Una respuesta fiscal eficaz puede proteger carreteras, cadenas logísticas, empleos y capacidad productiva. El riesgo aparece cuando el aumento del gasto no se traduce en beneficios económicos proporcionales.
La magnitud de la apuesta
El paquete anunciado concentra sus recursos en infraestructura educativa, culminación de obras públicas, transferencias sociales y mantenimiento de servicios esenciales.
De los S/ 18.000 millones previstos, S/ 13.000 millones se destinarían a infraestructura: S/ 6.000 millones para infraestructura educativa y S/ 7.000 millones para culminar obras públicas. Otros S/ 2.500 millones financiarían bonos para hogares vulnerables; S/ 2.000 millones se emplearían en mantenimiento de colegios, centros de salud, comisarías y carreteras; y S/ 500 millones se dirigirían a subsidios a los combustibles.
La composición del paquete ofrece una oportunidad. Culminar proyectos avanzados y reforzar infraestructura vulnerable puede generar beneficios económicos duraderos y reducir los costos de futuros desastres.
Pero también plantea un problema de ejecución. En el Perú, la capacidad de transformar presupuestos en obras terminadas y servicios de calidad continúa siendo un desafío. Si las inversiones se retrasan, el déficit puede aumentar antes de que aparezcan sus beneficios sobre el crecimiento.
Defillippi advierte: la emergencia no elimina las reglas
El exviceministro de Economía Enzo Defillippi ha cuestionado que la emergencia se convierta, por sí sola, en una justificación para flexibilizar la disciplina fiscal. Su alternativa consiste en reasignar recursos desde partidas menos urgentes hacia las necesidades prioritarias.
El planteamiento introduce una pregunta incómoda para el Ejecutivo: ¿cuánto del paquete requiere realmente gasto adicional y cuánto podría financiarse mediante una reorganización más eficiente del presupuesto existente?
La reasignación no es una solución automática. Recortar inversiones útiles o programas esenciales también puede perjudicar el crecimiento. Sin embargo, revisar proyectos de baja ejecución, gastos postergables y partidas con resultados insuficientes permitiría reducir la presión sobre las cuentas públicas.
La disciplina fiscal no exige inmovilidad presupuestaria. Exige justificar las prioridades y demostrar que los recursos producen valor económico y social.
Marthans defiende la flexibilidad, pero identifica una debilidad estructural
Juan José Marthans, director electo del Banco Central de Reserva, considera que el Gobierno está recalibrando su trayectoria fiscal frente a un choque extraordinario, sin abandonar necesariamente las reglas fiscales.
Su argumento es que la posición relativa del Perú permitiría absorber temporalmente un déficit mayor sin comprometer automáticamente su riesgo soberano.
La advertencia complementaria resulta decisiva: la calidad del aparato público puede limitar la asignación eficiente de los recursos.
Este es el punto en el que la discusión fiscal se convierte en un problema de competitividad. Si los fondos permiten reducir interrupciones logísticas, mejorar la infraestructura y proteger la producción, el gasto puede fortalecer la inversión privada. Si se diluyen en proyectos retrasados o de escasa rentabilidad social, aumentarán las obligaciones del Estado sin mejorar significativamente el potencial de crecimiento.
Cuba descarta subir impuestos, pero deberá explicar el financiamiento
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha descartado modificar las tasas del IGV y del impuesto a la renta durante su gestión. También ha anunciado la revisión de exoneraciones tributarias y el uso del Fondo Crecer para facilitar garantías a las micro y pequeñas empresas, sin replicar un programa de créditos de la magnitud de Reactiva Perú.
La estrategia pretende aliviar las restricciones de liquidez sin incrementar las tasas impositivas. No obstante, la ausencia de cambios tributarios no elimina la necesidad de explicar cómo se financiará el mayor gasto.
La revisión de beneficios tributarios podría contribuir a mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema, siempre que se evalúen sus costos y beneficios. La prioridad será evitar que el financiamiento de la emergencia dependa de supuestos de ingresos demasiado optimistas.
La verdadera apuesta del Gobierno no es únicamente contra El Niño. Es por demostrar que el Estado peruano puede gastar más sin administrar peor sus recursos.
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