La votación terminó y el Gobierno se anotó una victoria. El miércoles 21 de octubre, el Senado aprobó la delegación de facultades legislativas por 90 días en 27 materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Fueron 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. Para el Ejecutivo, el resultado significa algo más que la posibilidad de expedir decretos legislativos: demuestra que, al menos en esta ocasión, Fuerza Popular consiguió articular una mayoría que la oposición no pudo bloquear.
Pero sería prematuro confundir una victoria parlamentaria con una gobernabilidad consolidada. El empresariado conoce bien la diferencia entre conseguir una votación y construir una capacidad sostenida para tomar decisiones. La primera se mide en una sesión; la segunda, en la continuidad de las políticas, la previsibilidad de las reglas y los resultados que perciben las empresas y los ciudadanos.
La señal política, en todo caso, no es irrelevante. Algunos sectores que habían coincidido en posiciones contrarias al Gobierno terminaron votando de manera distinta. El bloque de Obras se dividió y el Partido del Buen Gobierno tampoco mantuvo una posición uniforme. La lectura es que Fuerza Popular consiguió negociar más allá de sus aliados habituales, mientras la oposición mostró dificultades para actuar como un bloque cohesionado.
¿Estamos ante el comienzo de una nueva correlación de fuerzas o frente a una mayoría circunstancial? Esa es una de las preguntas que quedarán abiertas. La capacidad de negociación demostrada por el Gobierno puede facilitar otras decisiones, incluso en la Cámara de Diputados, donde ya se habían observado diferencias entre los grupos políticos. Sin embargo, una votación favorable no garantiza que los mismos acuerdos se repitan cuando entren en discusión reformas más controvertidas.
Para los inversionistas, esta distinción importa. El presidente de Confiep, Jorge Zapata, había advertido antes de la votación que el entrampamiento entre el Ejecutivo y el Congreso estaba deteriorando las expectativas de inversión. La aprobación puede aliviar parte de esa incertidumbre, pero todavía no hay evidencia para afirmar que la confianza empresarial ya haya mejorado. Lo razonable es esperar a que los anuncios se conviertan en decisiones verificables.
El reloj empieza a correr
La primera prueba será el tiempo. El Gobierno ha señalado que espera tener listos los decretos legislativos en un plazo de entre diez y doce días. El mercado observará si cumple ese calendario, pero también qué contenido tienen las normas, qué problemas resuelven y cómo se aplicarán. La rapidez importa; la calidad y la ejecución, mucho más.
En seguridad, no bastará con anunciar mayores penas o nuevas herramientas legales. El efecto económico de la criminalidad es considerable: BBVA Research estimó que el gasto asociado a la inseguridad equivale al 3,1% del PBI, más de US$10.000 millones a niveles actuales, y calculó que el deterioro de la seguridad entre 2021 y 2024 redujo alrededor de 3% el ingreso generado por cada peruano. Para un negocio, la inseguridad no es una abstracción: se traduce en extorsiones, mayores costos de protección, interrupciones y decisiones de inversión que se postergan.
El segundo frente es El Niño. La presidenta Keiko Fujimori anunció cambios en las reglas fiscales que permitirían disponer de S/18.000 millones adicionales para inversión en 2027. A su vez, el ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció apoyo de liquidez y aplazamientos tributarios para empresas afectadas por el fenómeno. Son señales relevantes, pero sus efectos dependerán de las disposiciones que las formalicen, de los criterios de acceso y de la capacidad administrativa para ejecutar las medidas a tiempo.
El desafío es particularmente exigente ante un episodio climático que podría golpear simultáneamente infraestructura, transporte, agricultura, comercio y finanzas públicas. Las empresas no solo necesitan saber cuánto apoyo podría ofrecer el Estado, sino cuándo llegará, quién podrá acceder a él y si las obras preventivas estarán listas antes de que se produzcan los daños. Una norma oportuna puede reducir pérdidas; una respuesta tardía puede convertir una emergencia en un problema económico prolongado.
La tercera prueba estará en las calles
Hay, finalmente, una variable política que no se resuelve en el Senado: la reacción social. Si la inseguridad persiste y la respuesta del Estado no se percibe en la vida cotidiana, el respaldo parlamentario podría perder rápidamente su valor político. Lo mismo ocurriría si la preparación frente a El Niño exhibe retrasos, falta de coordinación o una distribución deficiente de recursos.
En ese escenario, las eventuales protestas y movilizaciones podrían convertirse en otro factor de incertidumbre. Pero también aquí conviene evitar pronósticos apresurados. Está por verse si las organizaciones de izquierda mantienen capacidad para convocar y conducir movilizaciones, y si conservan ascendencia sobre los jóvenes que protagonizaron protestas en etapas anteriores. Parte de esa juventud podría haberse distanciado de organizaciones que considera incapaces de representar sus demandas; otra parte podría volver a movilizarse ante problemas concretos. La convocatoria, la composición y la continuidad de las protestas ofrecerán mejores respuestas que las declaraciones de los dirigentes.
Por ahora, el Gobierno ha ganado margen para actuar y ha mostrado capacidad de negociación. Es una señal que puede contribuir a mejorar las expectativas, pero todavía no constituye una garantía de estabilidad. Los empresarios esperarán las normas, medirán su aplicación y observarán si la seguridad y la prevención climática producen resultados.
La verdadera prueba de estas facultades no será cuántos decretos se publiquen en noventa días, sino si, al terminar ese plazo, el país ofrece condiciones más previsibles para invertir, operar y generar empleo. La victoria política ya ocurrió. La confianza, en cambio, todavía está por ganarse.
Es una prueba
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