Una economía puede anunciar inversiones mineras, industriales y tecnológicas, pero todas comparten una condición básica: necesitan electricidad suficiente, confiable y a precios competitivos. El problema aparece cuando los proyectos de generación se acumulan en los registros, pero una parte reducida consigue superar los trámites técnicos, asegurar sus ingresos y avanzar hacia la construcción.
Una advertencia reciente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), recogida por el medio especializado Índice.pe el 28 de septiembre, ilustra esa brecha. De una cartera cercana a los 29 gigavatios (GW) de proyectos de generación en trámite, menos del 10% tendría estudios de operatividad, mientras que la capacidad en construcción o próxima a iniciar obras no superaría los 3 GW.
La diferencia entre la cartera anunciada y los proyectos que efectivamente avanzan es crucial. Una central no se construye solo porque exista interés de un inversionista o porque figure en una lista oficial. Necesita financiamiento, permisos, estudios técnicos, contratos que den previsibilidad a sus ingresos y, además, una red capaz de transportar la electricidad hasta donde se consume.
Según la advertencia recogida por Índice.pe, entre los factores que dificultan el avance aparecen la falta de contratos de largo plazo y las restricciones regulatorias que complican el cierre financiero. La transmisión también es parte del desafío: aumentar la generación no resuelve por sí solo los problemas si la red no puede llevar la energía a los centros industriales y urbanos que la necesitan.
La oportunidad económica es considerable. La minería requiere electricidad para ampliar operaciones; la industria necesita energía estable para elevar su producción; y los centros de datos, cuya demanda puede crecer con los servicios de inteligencia artificial, necesitan suministro continuo y una infraestructura eléctrica capaz de acompañar su expansión. Si la oferta y las redes no crecen al ritmo de esas necesidades, la energía puede convertirse en una limitación para nuevos proyectos.
La advertencia no significa que Perú enfrente necesariamente un déficit inmediato ni que todos los proyectos de la cartera vayan a quedar paralizados. Significa que la capacidad anunciada no debe confundirse con la capacidad que estará disponible en una fecha determinada. Para evaluar el riesgo real, es necesario conocer qué proyectos cuentan con permisos, financiamiento, contratos y cronogramas de construcción, además de identificar las inversiones de transmisión que acompañarán la expansión.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a cuántos gigavatios se anuncian, sino a cuántos pueden entrar en operación y cuándo. Una cartera grande puede transmitir optimismo, pero la competitividad depende de centrales y líneas que efectivamente funcionen.
Para el Gobierno y los reguladores, el desafío es reducir las barreras que impiden convertir proyectos viables en inversión ejecutada, sin relajar las exigencias técnicas ni la seguridad del sistema. Para las empresas, la señal que importa es si habrá energía disponible cuando sus nuevas plantas, minas, instalaciones o centros tecnológicos estén listos.
La próxima restricción al crecimiento no siempre aparece en las carreteras o en los puertos. También puede estar en la distancia entre los proyectos que se anuncian y la electricidad que realmente llega a los usuarios.
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