Lima, 2 de agosto de 2026
Apenas unas horas después de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia del Perú, su recién estrenado Presidente del Consejo de Ministros, el experimentado Luis Galarreta, ha puesto sobre la mesa legislativa una agresiva declaración de intenciones. En lo que representa el primer gran test para la gobernabilidad bajo el nuevo sistema bicameral del Congreso peruano, el Ejecutivo ha finiquitado un exhaustivo borrador para solicitar facultades legislativas delegadas.
La medida busca evadir los lentos pasadizos del debate parlamentario ordinario e imponer un marco normativo de «shock».
Para los observadores internacionales de mercados emergentes, la velocidad de la maniobra evoca el clásico manual de reformas aceleradas. Sin embargo, el laberinto político limeño y las profundas reformas estructurales propuestas plantean un horizonte que oscila entre un optimismo promercado y serias dudas sobre el equilibrio de poderes.
La anatomía del pedido: Mano dura y flexibilidad de mercado
El Gabinete Galarreta, estructurado estratégicamente con tecnócratas bien ponderados por Wall Street —como el economista Elmer Cuba en la cartera de Economía y Finanzas—, ha diseñado un paquete de facultades que abarca frentes altamente sensibles para el tejido empresarial y la seguridad jurídica. Según reportes del diario oficial El Peruano y del especializado económico Gestión, el pedido final, estructurado y revisado de emergencia durante las últimas sesiones ministeriales, prioriza los siguientes ejes clave:
Seguridad y Control Penitenciario: El Ejecutivo busca autorizaciones urgentes para declarar e intensificar la intervención en el Sistema Nacional Penitenciario. Esto incluye un mecanismo excepcional que faculte la participación de las Fuerzas Armadas en el control interno de los penales. El fin es desmantelar los centros de operaciones del crimen organizado transnacional.
Flexibilización y Desregulación Laboral: La propuesta contempla una reforma profunda de los regímenes de contratación. El objetivo es otorgar mayor flexibilidad para mitigar los costos de despido y contratación, además de una polémica reducción de feriados no laborables orientada a apuntalar la alicaída productividad nacional.
Estructura e Incentivos Tributarios: Bajo la tutela de Elmer Cuba, se pretende modificar el Impuesto a la Renta y las barreras aduaneras, estableciendo un «régimen progresivo» para mitigar la informalidad de las micro y pequeñas empresas (mypes). Adicionalmente, se plantea la remoción de topes a las tasas de interés bancarias para dinamizar la inclusión financiera a través del riesgo de mercado.
Reorganización Estructural del Estado: Se incluye la reestructuración e intervención inmediata de entidades regulatorias y de infraestructura de cara a contingencias climáticas —como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ante el fenómeno de El Niño—.
El laberinto del nuevo Congreso bicameral
A diferencia de las delegaciones de facultades del pasado, el Gabinete Galarreta estrena el rediseño constitucional de la bicameralidad. El proceso ya no se liquida en una sola cámara unicameral. Ahora, la solicitud de facultades debe ingresar formalmente por la Cámara de Diputados, ser evaluada en comisiones técnicas, recibir el visto bueno del Pleno, y posteriormente ser remitida al Senado para una segunda votación aprobatoria.
Este nuevo flujo regulatorio introduce un «freno de mano» institucional que obligará al Ejecutivo a una constante transacción política. A pesar de que el partido oficialista y sus aliados de centroderecha mantienen posiciones clave en ambas cámaras —el propio Miguel Ángel Torres preside el Senado—, el consenso absoluto no está garantizado.
Como bien ha reportado Canal N, el Ejecutivo es consciente de esta valla. El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, reconoció abiertamente que el gabinete iniciará rondas urgentes de socialización técnica con los diputados a fin de evitar que el pedido sea cercenado en las comisiones sectoriales. «Vamos a buscar consensos y explicarles en qué consisten estas normas», afirmó Vinelli, evidenciando que el Congreso venderá cara su firma.
PROCESO DE APROBACIÓN BICAMERAL 2026
[ Ejecutivo ] ────> [ Cámara de Diputados ] ────> [ Cámara de Senadores ]
(Gabinete Galarreta) (Filtro de Comisiones) (Ratificación Final)
Perspectiva de Mercado y Riesgos en el Horizonte
Para los directores ejecutivos y tomadores de decisiones tecnológicas y de inversión, las intenciones del Ejecutivo representan una espada de doble filo:
El lado de la oferta (Bull Case): De aprobarse las facultades de forma expedita, el mercado local experimentará una fuerte desregulación y eliminación de barreras burocráticas. La flexibilización laboral y los incentivos tributarios podrían desbloquear proyectos de inversión privada estancados en los sectores de infraestructura, minería y servicios tecnológicos. Además, el firme respaldo manifestado por la administración de Washington en materia de seguridad corporativa e inteligencia contra el crimen transnacional proporciona un colchón de confianza para los capitales externos.
El riesgo político (Bear Case): El estilo de gobernar mediante decretos legislativos siempre camina sobre una delgada línea de resistencia civil y sindical. Las centrales de trabajadores ya observan con recelo la pérdida de beneficios laborales y la reducción de días festivos.
Si el Congreso percibe un debilitamiento de la aprobación pública hacia el gobierno en las próximas semanas, los senadores de la oposición podrían dilatar la ratificación de los decretos sustanciales, dejando al plan macroeconómico de Elmer Cuba a mitad de camino.
Qué opina EJECUTIVO TI:
El Gabinete Galarreta está apostando su capital político inicial en una sola carta de alta velocidad. La aprobación de las facultades legislativas es altamente probable debido a la alineación ideológica dominante en el parlamento, pero el verdadero desafío no será la obtención del permiso, sino la capacidad técnica del Ejecutivo para implementar tal volumen de reformas en el plazo solicitado de 120 días calendario.
Para los líderes de negocios en el Perú, el horizonte de corto plazo exige flexibilidad operativa: las reglas de juego fiscales, laborales y de seguridad ciudadana están a punto de ser reescritas por completo
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