El laberinto gris y fétido en el gasto del Estado: cómo el dinero de todos los peruanos ”se pierde” antes de existir

Hay una imagen que se repite cada vez que estalla un caso de corrupción en el Perú: una carretera que nunca se terminó, un hospital que no funciona, una obra que costó el doble de lo previsto. Es la parte visible del problema, el síntoma que finalmente emerge. Pero para entonces, la historia ya está escrita.

Porque el dinero del Estado no se pierde cuando se ejecuta una obra. Se pierde mucho antes, cuando aún es una decisión sobre el papel.

En teoría, el sistema de contratación pública peruano está diseñado para evitar precisamente eso. Las reglas existen, los procedimientos son claros y la supervisión recae en entidades como el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Todo parece alineado para garantizar competencia, transparencia y eficiencia. Pero en la práctica, el sistema funciona como un laberinto: no porque no tenga salidas, sino porque quien lo conoce sabe exactamente por dónde avanzar.

El recorrido comienza en un punto que rara vez genera titulares: la planificación. Allí, donde el Estado decide qué necesita, se abre la primera puerta. No es un espacio de ejecución, sino de intención. Y sin embargo, es quizás el momento más decisivo. Porque cuando una necesidad es real, el proceso tiene sentido; pero cuando es forzada, sobredimensionada o fragmentada, todo lo que viene después se construye sobre una base distorsionada.

Desde ese primer movimiento, el camino empieza a estrecharse.

Las bases del proceso —ese conjunto de requisitos técnicos que deberían garantizar calidad— pueden convertirse en una herramienta mucho más poderosa de lo que aparentan. No necesitan ser abiertamente restrictivas. Basta con ser lo suficientemente específicas. Una experiencia demasiado particular, una certificación poco común, una condición técnica aparentemente razonable pero innecesaria. Así, sin ruido, el universo de competidores se reduce hasta que solo unos pocos —a veces uno— pueden cumplir.

Lo que sigue es, en muchos casos, una formalidad.

La evaluación llega con su apariencia técnica, con puntajes, fórmulas y criterios objetivos. Pero en ese terreno también existe margen. La interpretación de lo técnico, la ponderación de lo cualitativo, la aplicación de criterios que, sin ser ilegales, permiten inclinar la balanza. Para entonces, la competencia ya no es abierta: es una carrera donde algunos empiezan metros más adelante.

Y cuando finalmente se adjudica el contrato, el proceso parece haber terminado. En realidad, recién comienza.

Es en la ejecución donde la corrupción deja de ser potencial y se vuelve concreta. Obras que avanzan más en los informes que en el terreno, supervisiones que observan sin corregir, modificaciones contractuales que incrementan costos. Aquí ya no se trata de direccionar, sino de materializar.

Los pagos, entonces, se convierten en el punto de no retorno. Valorizaciones que certifican avances, desembolsos que responden a informes, transferencias que, en algunos casos, no reflejan la realidad de lo construido. Es en ese momento donde el dinero público cambia de manos de forma definitiva.

Y cuando surgen disputas, el sistema tiene su última estación: el arbitraje. Un espacio técnico, legal, necesario. Pero también un lugar donde decisiones previas pueden consolidarse, donde sobrecostos encuentran respaldo jurídico y donde el Estado, muchas veces, termina pagando más de lo que originalmente comprometió.

Visto en conjunto, no es una falla puntual. Es un recorrido. Un sistema que, en cada etapa, ofrece una oportunidad distinta para desviar su propósito. No siempre de forma evidente. No siempre de forma ilegal en apariencia. Pero sí de manera acumulativa.

Por eso, el problema de fondo no es la ausencia de normas. Es la forma en que se navegan.

Durante años, el debate público ha puesto el foco en los resultados visibles: obras fallidas, contratos cuestionados, funcionarios investigados. Pero esa mirada llega tarde. Para cuando el escándalo aparece, el proceso ya ha atravesado todas sus etapas.

La verdadera discusión, entonces, debería empezar antes. En cómo se define lo que el Estado necesita. En cómo se diseñan las reglas del juego. En cómo se toman decisiones que, aunque técnicas en apariencia, tienen consecuencias millonarias.

Porque ahí es donde se decide todo. Y el dinero de todos los peruanos…desaparece y por arte de magia, reaparece en bolsillos ajenos. Casos harto conocidos: Odebrecht, Club de la Construcción, Mafia china, Petroperú, Contratos Gobierno a Gobierno, etc..

Reformar el sistema no implica necesariamente empezar de cero. Implica intervenir en esos puntos críticos donde la discrecionalidad supera al control. Blindar la planificación, estandarizar las bases, reducir la subjetividad en las evaluaciones, supervisar con independencia real y, sobre todo, hacer que cada decisión deje un rastro verificable.

Son cambios menos visibles que una gran reforma estructural, pero mucho más decisivos.

Alternativa de solución: Más inteligencia, menos Estado

Y sin embargo, el debate político avanza en otra dirección. La idea de reducir el tamaño del Estado, incluso de concentrar funciones, vuelve a aparecer con fuerza. Propuestas como las impulsadas por un candidato en las elecciones que se vecinan, plantean un aparato público más pequeño, más compacto, más fácil de controlar.

La intuición es comprensible. Menos estructuras, menos dispersión, menos espacios donde se diluye la responsabilidad. Pero también encierra una tentación.

La creación de una única entidad de compras públicas —un sistema centralizado, poderoso, con capacidad de decidir miles de millones de dólares— podría convertirse en el objetivo más atractivo para cualquier intento de captura política. Y no necesariamente por los sectores más visibles del poder, sino por aquellos que operan en sus márgenes, donde la institucionalidad es más débil y los incentivos son más altos.

Porque concentrar el sistema no elimina el riesgo. Lo vuelve más valioso.

En ese escenario, el problema deja de ser la dispersión y pasa a ser la vulnerabilidad de un único punto crítico. Si ese punto es capturado, el impacto ya no es parcial, sino total.

Ahí es donde entra un elemento que durante años ha sido subestimado en el debate público: la tecnología. No como complemento, sino como estructura.

La única forma de reducir de manera sostenida la corrupción en la contratación pública no es solo reorganizando instituciones, sino reduciendo la discrecionalidad humana en los momentos clave. Sistemas digitales que automaticen procesos, trazabilidad completa de decisiones, algoritmos que detecten patrones atípicos en bases o evaluaciones, plataformas abiertas que permitan auditoría en tiempo real.

No se trata de confiar más en las personas. Se trata de depender menos de sus decisiones discrecionales.

En los modelos más avanzados, la tecnología no reemplaza al Estado, pero sí redefine cómo funciona. Reduce los espacios grises, limita la intervención arbitraria y convierte cada paso en un registro verificable. En otras palabras, transforma el laberinto en un sistema visible.

Porque al final, la discusión no es solo sobre el tamaño del Estado, ni sobre cuántas entidades compran. Es sobre cuánto del sistema depende de decisiones que nadie puede ver.

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