En su lugar fue designada Denisse Miralles, figura cercana a Alianza para el Progreso, el partido liderado por César Acuña, agrupación que además mantiene vínculos políticos con varios de los ministerios que, según trascendió, iban a ser modificados por De Soto antes de ser desplazado. El movimiento no ha sido leído como un simple cambio de nombres, sino como una redefinición del equilibrio de poder dentro del gabinete.
La reacción no tardó. Desde el Congreso, la bancada de Renovación Popular anunció que no otorgará el voto de confianza al gabinete. Si esa posición se consolida en el pleno, el Ejecutivo enfrentaría la obligación constitucional de recomponer su equipo ministerial, abriendo un nuevo ciclo de negociación política en un contexto ya sensible por la proximidad electoral.
Si Miralles logra superar el voto de confianza, su gestión no estará marcada por grandes reformas estructurales, sino por una tarea más delicada: administrar estabilidad. El margen de acción será estrecho. Los mercados no exigen discursos ambiciosos en este momento; exigen previsibilidad. El sector empresarial observa con prudencia, evaluando si el Ejecutivo priorizará continuidad técnica o consolidación de cuotas políticas.
En este escenario de aprobación, la PCM tendría que enfocarse en cuatro ejes claros. Primero, garantizar absoluta neutralidad electoral, evitando cualquier señal de instrumentalización institucional. Segundo, blindar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central de eventuales presiones políticas, manteniendo disciplina fiscal y estabilidad monetaria. Tercero, reducir al mínimo los cambios ministeriales que refuercen la percepción de reparto partidario. Y cuarto, establecer una narrativa coherente de transición ordenada hacia las elecciones.
El segundo escenario es menos amable. Si el Congreso niega la confianza, el país ingresaría en una fase de reconfiguración forzada del gabinete. No sería una crisis estructural, pero sí un nuevo episodio de incertidumbre que podría afectar expectativas de inversión privada y volatilizar indicadores financieros en el corto plazo. En contextos electorales, cada señal de fragilidad institucional se amplifica.
Existe además un tercer plano más sutil pero determinante: la percepción. Si se consolida la idea de que la exclusión de De Soto respondió a la preservación de espacios de poder vinculados a APP, la gestión de Miralles deberá trabajar el doble para demostrar autonomía política y solvencia técnica. La credibilidad, en este punto, será más valiosa que cualquier mayoría circunstancial.
El Perú ha demostrado en los últimos años una capacidad notable para aislar parcialmente la economía del ruido político. Sin embargo, esa resiliencia no es infinita. Se sostiene en la expectativa de que, pese a la turbulencia, las reglas básicas no cambian.
La pregunta no es solo si Miralles obtendrá el voto de confianza. La pregunta es si podrá convertirse en un factor de equilibrio en un Ejecutivo tensionado por intereses internos, en un Congreso fragmentado y en un país que se aproxima a elecciones donde la legitimidad del proceso empieza también a entrar en debate.
Si logra transmitir estabilidad técnica, neutralidad política y transición ordenada, su gestión podría convertirse en un puente. Si no, este episodio podría ser apenas el preludio de una nueva fase de micro-inestabilidad que el país ya no está dispuesto a normalizar.
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