El Perú quiere crecer más sin gastar mucho más. Esa es, en esencia, la propuesta que se desprende del nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El documento eleva de 3,2% a 3,4% la previsión de crecimiento del PBI para 2026 y fija la misma tasa para 2027. A partir de 2028, el Gobierno espera que la economía acelere hasta crecer 4% anual en promedio entre 2028 y 2030.
Sobre el papel, parece una mejora moderada. En realidad, es una apuesta considerable: el motor que debe hacer posible ese crecimiento ya no será principalmente el gasto público, sino la inversión privada.
El MEF espera que la inversión privada crezca nada menos que 10,5% en 2026, casi el doble de lo que había previsto en abril. Para 2027, la expectativa es todavía saludable, aunque más moderada: 6,5%. La minería tendría un papel decisivo, con inversiones que superarían los US$7.000 millones este año, mientras que infraestructura, energía, hidrocarburos y asociaciones público-privadas deberían aportar desde el lado no minero.
Es una apuesta lógica para una economía que necesita crecer sin seguir deteriorando sus cuentas públicas. Pero también es una apuesta exigente.
El sector privado al rescate
Durante buena parte de la última década, el Perú ha intentado compensar la debilidad de la inversión privada mediante mayor gasto público. El problema es que esa estrategia tiene un límite. El déficit fiscal aumentó, el gasto corriente ganó espacio y el Estado acumuló obligaciones que ahora resultan difíciles de desmontar.
El nuevo MMM intenta cambiar el equilibrio: que sea el capital privado el que acelere la economía mientras el Estado recupera gradualmente su disciplina fiscal.
El escenario tiene algunos fundamentos favorables. La inversión minera mantiene una cartera relevante y los precios internacionales de los metales continúan ofreciendo un incentivo importante. El MEF incorpora proyectos como Tía María, Pampa de Pongo, Corani, la reposición de Ferrobamba y la optimización de Cerro Verde, además de nuevas iniciativas que podrían comenzar en los próximos años. En infraestructura aparecen proyectos de transporte, energía, salud y saneamiento.
La apuesta, sin embargo, no consiste simplemente en anunciar proyectos. El capital privado necesita algo más difícil de construir: predictibilidad. Los inversionistas pueden convivir con impuestos relativamente altos, regulaciones exigentes o incluso con ciclos políticos adversos. Lo que resulta más difícil de absorber es la incertidumbre permanente sobre las reglas del juego, los permisos, los conflictos sociales, la seguridad jurídica y la capacidad del Estado para cumplir sus propios compromisos.
Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo, ha advertido precisamente sobre la necesidad de acelerar los procedimientos administrativos para los proyectos mineros, pero sin sacrificar las exigencias ambientales ni sociales. En otras palabras, el Perú necesita menos anuncios y más ejecución.
El problema que viene de atrás
Aquí aparece la otra mitad de la historia. Mientras el Gobierno espera que las empresas inviertan, el Estado carga con compromisos que no fueron necesariamente diseñados desde una perspectiva de sostenibilidad fiscal.
El propio MMM reconoce que entre 2021 y 2025 el Congreso aprobó iniciativas relacionadas con mayores gastos y modificaciones tributarias que tienen impacto sobre las cuentas públicas. El problema es especialmente delicado porque muchas de esas decisiones generan obligaciones permanentes, mientras que los ingresos que deberían financiarlas no necesariamente tienen la misma naturaleza. Es una vieja ecuación de la política económica: los beneficios de una ley pueden sentirse hoy; la factura puede llegar durante años.
Según cifras citadas por El Comercio a partir de estimaciones del Consejo Fiscal, entre 2021 y 2026 se aprobaron 268 leyes con impacto fiscal adverso. Estas generarían compromisos permanentes de alrededor de S/36.700 millones anuales, equivalentes a aproximadamente 3% del PBI, y un costo acumulado estimado en S/109.600 millones.
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, ha advertido que la trayectoria planteada por el MEF responde al marco legal vigente, pero no necesariamente representa el escenario más probable. Luis Miguel Castilla, de Videnza Instituto, también ha cuestionado la consistencia de una senda de consolidación que presupone disciplina futura sin suficientes mecanismos institucionales que la garanticen.
Crecimiento versus disciplina fiscal
El dilema peruano se parece cada vez más a una paradoja. Para crecer más se necesita inversión. Para atraer inversión se necesita estabilidad. Para garantizar estabilidad se necesita disciplina fiscal. Pero las obligaciones heredadas del Congreso reducen precisamente el espacio que el Gobierno necesita para mantener esa disciplina.
El nuevo MMM intenta resolver la ecuación mediante crecimiento económico. Si la economía crece más, aumentará la recaudación y será más sencillo reducir el déficit. Pero eso supone que la inversión privada realmente responda a las condiciones previstas por el MEF. El 10,5% de crecimiento de la inversión privada para 2026 es el dato que más atención debería recibir.
La diferencia entre una economía creciendo 3,4% y una economía estancada alrededor de 2% puede depender de que ese salto de inversión efectivamente ocurra. Y hay señales que obligan a mantener cautela. La actividad económica mostró una desaceleración durante mayo y junio, cuando el crecimiento interanual del PBI bajó a 2,2% y 1,8%, respectivamente, después de tasas superiores a 3% en los primeros meses del año.
Eso significa que la segunda mitad del año será decisiva para comprobar si el optimismo del MMM se transforma en números.
La oportunidad minera
La minería puede convertirse nuevamente en la carta más potente del Perú. El país tiene reservas, proyectos y una posición privilegiada en minerales estratégicos para la transición energética. Además, los precios internacionales ofrecen un entorno que puede favorecer nuevas decisiones de inversión.
Pero precisamente por eso el Gobierno enfrenta una responsabilidad mayor: no convertir la oportunidad minera en otra lista de proyectos pendientes. Cada año de retraso significa menor inversión, menos empleo, menor recaudación y menos exportaciones.
La política económica debería concentrarse, por tanto, en remover cuellos de botella: permisos, infraestructura, seguridad, conflictos sociales y coordinación entre niveles de gobierno. No se trata de regalar condiciones al sector privado. Se trata de hacer que el Estado funcione.
La misma lógica debería aplicarse a las APP y a la inversión no minera. Si el Perú pretende crecer sostenidamente a tasas de 4%, necesitará mucho más que un buen ciclo de precios de los metales.
El verdadero examen será fiscal
El nuevo MMM contiene una apuesta razonable, pero también una advertencia. El crecimiento de 3,4% puede ser alcanzable si la inversión privada acelera, la minería mantiene su dinamismo, la economía no sufre un choque climático severo y el escenario externo continúa siendo favorable. Pero alcanzar el 4% de crecimiento previsto para 2028-2030 requerirá algo más difícil: elevar la productividad y recuperar la capacidad del Estado para ejecutar buenas políticas públicas.
El otro desafío será fiscal. El Congreso anterior dejó una colección de compromisos que no desaparecen con el cambio de administración. El nuevo gobierno tendrá que convivir con ellos, revisarlos o buscar mecanismos para financiarlos. Y allí estará una de las principales batallas económicas de los próximos años.
La paradoja es que ambas cosas están relacionadas. Un Estado fiscalmente responsable genera confianza para invertir. Más inversión genera crecimiento. Más crecimiento genera ingresos fiscales. Y mayores ingresos permiten reducir el déficit sin sacrificar la inversión pública. Ese círculo virtuoso es, en última instancia, la apuesta detrás del 3,4%. El riesgo es que las presiones de gasto heredadas del Congreso rompan el círculo antes de que empiece a funcionar.
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