El Gobierno de Keiko Fujimori acaba de poner sus primeras cartas legislativas sobre la mesa.
El Ejecutivo presentó este viernes al Congreso su solicitud de delegación de facultades para legislar durante 120 días, un paquete que contiene 66 pedidos provenientes de distintos sectores y que busca otorgar al Gobierno herramientas para actuar rápidamente en seguridad, economía, empleo, desarrollo productivo, gestión pública y respuesta ante emergencias.
La cifra es importante, pero lo verdaderamente importante está detrás de ella. Porque las 66 medidas no representan solamente una solicitud para aprobar normas con mayor rapidez. En conjunto, muestran cómo el nuevo Gobierno pretende comenzar a transformar el Estado y cuáles serán algunas de sus prioridades durante los primeros meses de gestión.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha defendido el paquete como una herramienta para “poner orden” tanto en las calles como dentro del propio Estado. La propuesta contempla ocho materias de delegación y tendrá ahora que superar el debate político en la Cámara de Diputados.
Una parte del paquete está directamente relacionada con el sector privado. El Ejecutivo solicita facultades para legislar en materias vinculadas con el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación y simplificación administrativa.
En otras palabras, no se trata solamente de seguridad, sino también se está discutiendo el entorno en el que las empresas peruanas operan todos los días.
La simplificación administrativa puede parecer un asunto burocrático, pero para una empresa puede representar meses de diferencia en la puesta en marcha de un proyecto. Una autorización que tarda menos, un procedimiento digitalizado o una institución que coordina mejor sus decisiones puede reducir costos que finalmente terminan trasladándose a precios, inversiones y empleo.
Perú necesita que las empresas inviertan más, produzcan más y sean capaces de competir en mercados internacionales. Para conseguirlo, no basta con ofrecer estabilidad macroeconómica. También se requiere un Estado capaz de responder rápidamente a las necesidades de inversión. Ese es uno de los grandes desafíos que enfrenta el Gobierno.
Pero la propuesta llega acompañada de una prioridad todavía más urgente: la seguridad. El Ejecutivo plantea medidas para enfrentar al crimen organizado y contempla, entre otras iniciativas, establecer un marco legal para declarar a determinados grupos criminales como organizaciones terroristas.
También propone medidas relacionadas con la seguridad penitenciaria, el seguimiento y bloqueo de teléfonos utilizados ilícitamente desde penales y la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en determinadas funciones vinculadas con la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
Para el sector empresarial, la seguridad dejó hace tiempo de ser únicamente una preocupación ciudadana, puesto que ser convirtió en un costo operativo.
Empresas de transporte, comercios, constructoras, restaurantes, pequeñas industrias y compañías de distribución enfrentan diariamente gastos adicionales por vigilancia, protección de instalaciones, seguros y protocolos de seguridad. La extorsión, además, ha comenzado a afectar directamente las decisiones empresariales.
Por eso, si el Gobierno logra reducir de manera efectiva la criminalidad, el impacto económico podría ser considerable. Una ciudad más segura no solamente mejora la vida de los ciudadanos. También reduce costos y mejora las condiciones para invertir.
El paquete incorpora igualmente medidas vinculadas al fenómeno de El Niño y a la gestión del riesgo de desastres.El Ejecutivo propone, por ejemplo, que Indeci pueda entregar ayuda humanitaria directamente durante los primeros días de una emergencia, sin depender de procedimientos que actualmente pueden retrasar la atención.
También plantea ampliar los mecanismos de Obras por Impuestos para financiar infraestructura relacionada con prevención y reconstrucción.
La relevancia económica de estas medidas puede ser enorme. El Perú ya conoce el costo de reaccionar tarde frente a una emergencia climática. Carreteras destruidas, puentes afectados, interrupción de cadenas logísticas y pérdidas agrícolas terminan golpeando tanto al Estado como a las empresas.
Una respuesta más rápida puede significar también menores pérdidas económicas. Pero el Gobierno tiene ahora un problema político, necesita convencer al Congreso.
Galarreta ha señalado que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar con los diputados y que cada ministro sustentará las medidas correspondientes. La estrategia parece buscar que el Congreso evalúe los pedidos sector por sector y no solamente como un paquete político.
Una delegación demasiado amplia puede generar resistencia parlamentaria. Una demasiado limitada podría dejar al Gobierno sin las herramientas que considera necesarias para ejecutar su programa.
Para las empresas, el resultado será importante por una razón adicional; la delegación de facultades puede modificar reglas con relativa rapidez. Por eso, durante las próximas semanas será necesario mirar no solamente qué medidas aprueba el Congreso, sino también qué termina haciendo el Ejecutivo con ellas.
Una cosa es solicitar facultades y otra muy distinta es utilizarlas para construir un Estado más eficiente. Ese será el verdadero examen.
El Gobierno ha presentado 66 cartas. Algunas apuntan directamente a la seguridad; otras, al empleo, los impuestos, las MYPE, la producción y la burocracia. En conjunto, representan una primera radiografía de la agenda que la administración Fujimori quiere impulsar.
Ahora le corresponde al Congreso decidir cuánto de ese paquete está dispuesto a entregar y al Gobierno, demostrar que los 120 días que solicita pueden convertirse en algo más que decretos.
Para el sector privado, la expectativa es sencilla: menos burocracia, más seguridad, reglas previsibles y un Estado capaz de responder a tiempo.
Si las facultades consiguen producir eso, el paquete puede convertirse en una de las reformas más importantes del inicio del nuevo Gobierno. Si no lo consigue, las 66 cartas podrían terminar siendo solamente una larga lista de buenas intenciones… La partida recién comienza.
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