En una reciente misión estratégica del MEF, el viceministro de Economía, Erick Lahura, sostuvo encuentros con S&P Global y Fitch Ratings, con el objetivo de exponer los avances estructurales que respaldan la mejora en la percepción crediticia del Perú.
Ambas agencias coincidieron en que la evolución del crédito soberano dependerá en buena medida de factores como la gobernabilidad, la reducción del riesgo político y la previsibilidad de las políticas públicas. Se enfatizó que el manejo de conflictos sociales o bloqueos institucionales podría alterar sustancialmente esa proyección.
Desde la óptica económica, la recuperación del crecimiento con tasas superiores es clave —y ello exige disipar la incertidumbre política y avanzar en reformas profundas. Por ello, las agencias observan con atención la consolidación fiscal, la reducción de la deuda como porcentaje del PBI y la creación de márgenes de maniobra (colchones fiscales) para el Estado.
Lahura subrayó que el gobierno seguirá fortaleciendo el marco institucional y la estabilidad jurídica como pilares de confianza para los mercados. En ese sentido, resaltó que el riesgo país del Perú se encuentra en niveles históricamente bajos:
“El spread del EMBIG para el Perú fue de solo 119 puntos básicos al 8 de octubre… muy por debajo del promedio regional (375 pb) y de países como México (213) o Colombia (255).”
Añadió que el entorno macroeconómico favorable —inflación controlada, baja exposición del cobre ante aranceles de EE.UU., y esfuerzos por simplificar regulaciones e impulsar inversiones— seguirá sustentando la credibilidad del Perú frente a los inversionistas.
Recordó además que en noviembre de 2024 Fitch elevó su perspectiva de la calificación BBB a “estable”, tras un período en que la agencia había mantenido una visión negativa desde octubre de 2022, en medio de la crisis política.
La reciente vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso el 10 de octubre, y la asunción de José Jerí como presidente interino marcan un capítulo delicado en el escenario político peruano. Boluarte asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, pero salía con una aprobación de apenas 2 % y rechazos que superaban el 90 % en múltiples encuestas.
La salida fue acogida con cautela por las agencias. Fitch advirtió que el cambio podría elevar el riesgo de políticas populistas, dificultando los esfuerzos de consolidación fiscal y abriendo una brecha entre urgencias electorales y cohesión presupuestaria.
Por su parte, Moody’s optó por mantener la calificación vigente en este momento, señalando que esperan ver cómo se configura el nuevo gabinete antes de tomar decisión alguna.
Apenas días después de asumir, José Jerí enfrentó protestas masivas el 15 de octubre, protagonizadas sobre todo por jóvenes de la llamada “Generación Z”, que exigieron su renuncia y la de los legisladores. Durante esas manifestaciones hubo enfrentamientos, más de 100 heridos y una persona fallecida. Jerí respondió acudiendo a la Plaza San Martín, donde valoró la estabilidad, el diálogo y pidió unidad nacional.
Este coctel político —salida abrupta de un presidente, llegada de un interino con baja legitimidad y protestas intensas— constituye un riesgo latente que las agencias ponen bajo lupa: ¿será capaz Jerí de mantener continuidad macroeconómica sin ceder ante presiones populistas? ¿Podrá el nuevo gobierno contener la volatilidad política sin comprometer la disciplina fiscal?
En su análisis sobre el Perú, Fitch ya advirtió que la proximidad de las elecciones de 2026 podría incentivar decisiones de corto plazo, desplazando reformas estructurales hacia el trasfondo.
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