En el caso el equipo naranja que encabeza la señora Fujimori alcance la Presidencia de la República en 2026, el primer impacto se produciría en el terreno de las expectativas. Durante la última década, la economía peruana ha enfrentado un prolongado período de incertidumbre política que ha limitado la inversión privada, debilitado la confianza empresarial y reducido la capacidad del país para sostener tasas de crecimiento superiores al 5% anual. En ese contexto, los mercados financieros probablemente interpretarían esa victoria como una señal de retorno a políticas económicas previsibles y favorables a la inversión.
La primera consecuencia sería una mejora de la confianza. Los inversionistas suelen reaccionar positivamente cuando perciben reglas claras, estabilidad regulatoria y respeto por los contratos. Este eventual gobierno tendría incentivos para enviar señales tempranas en esa dirección mediante la conformación de un gabinete económico de perfil técnico, la defensa de la autonomía del Banco Central de Reserva y el compromiso con la disciplina fiscal.
El regreso de la inversión privada como motor del crecimiento
Uno de los principales objetivos de la nueva administración sería recuperar la inversión privada como principal impulsor del crecimiento económico. Actualmente, el Perú posee una cartera de proyectos mineros superior a los US$50.000 millones, muchos de los cuales permanecen retrasados por problemas burocráticos, conflictos sociales o falta de decisiones políticas.
La minería continuaría siendo el eje central de la estrategia económica. El cobre, metal clave para la transición energética mundial, ofrece una oportunidad histórica para el Perú, segundo productor global del mineral. Un gobierno orientado al crecimiento probablemente buscaría acelerar permisos, reducir tiempos de evaluación ambiental sin afectar estándares técnicos y fortalecer mecanismos de diálogo con las comunidades.
A ello se sumaría un esfuerzo por reactivar grandes proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas. Carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica y proyectos de agua y saneamiento podrían convertirse en herramientas para generar empleo, aumentar la productividad y atraer capital extranjero.
Reducción del tamaño del Estado y simplificación regulatoria
Otro componente esperado sería una agenda de modernización del Estado. Diversos gremios empresariales han señalado que el exceso de trámites, la duplicidad de funciones y la creciente carga regulatoria constituyen obstáculos para la competitividad.
Un gobierno de Fujimori probablemente impulsaría medidas de simplificación administrativa orientadas a reducir costos para las empresas y acelerar procesos de inversión. Esto podría incluir la digitalización de procedimientos, la eliminación de requisitos redundantes y la revisión de regulaciones consideradas excesivas.
No se trataría necesariamente de una reducción drástica del gasto público, sino de una reorientación del aparato estatal hacia funciones esenciales: seguridad, infraestructura, salud, educación y promoción de inversiones. La eficiencia del gasto se convertiría en un elemento central de la estrategia económica.
El desafío de las cuentas fiscales
Uno de los mayores retos que heredará cualquier administración será el deterioro de las finanzas públicas. En los últimos años, el déficit fiscal ha superado reiteradamente las metas oficiales y la deuda pública ha aumentado respecto de los niveles previos a la pandemia.
Por ello, un eventual gobierno de Fujimori tendría que implementar un programa gradual de consolidación fiscal. El objetivo sería recuperar la credibilidad de la política económica sin afectar la recuperación productiva.
Las medidas podrían incluir una mejor recaudación tributaria mediante la formalización económica, la reducción de gastos improductivos, la revisión de programas con baja eficiencia y una priorización más estricta de la inversión pública.
Mantener la fortaleza fiscal del Perú sería crucial para conservar el grado de inversión y garantizar condiciones favorables de financiamiento en los mercados internacionales.
Exportaciones y apertura económica
Otro eje relevante sería el fortalecimiento del sector exportador. El Perú posee una de las redes de tratados comerciales más extensas de América Latina, pero aún mantiene importantes brechas de competitividad.
Una administración Fujimori probablemente apostaría por profundizar la apertura comercial y fortalecer sectores que han demostrado gran capacidad de crecimiento, como la agroexportación, minería, pesca, manufactura especializada y servicios.
Las agroexportaciones representan uno de los casos de éxito más importantes de las últimas décadas. Productos como arándanos, uvas, paltas y cítricos han permitido diversificar mercados y generar empleo formal en diversas regiones del país. Un entorno favorable para la inversión podría acelerar una nueva expansión del sector.
Al mismo tiempo, la creciente demanda mundial de minerales críticos para la transición energética abriría oportunidades extraordinarias para incrementar las exportaciones de cobre y otros recursos estratégicos.
Un respaldo condicionado
Pese al probable entusiasmo inicial de los mercados, el respaldo no sería incondicional. Los inversionistas observarán con atención la capacidad del nuevo gobierno para garantizar estabilidad política, construir consensos y ejecutar reformas.
La experiencia peruana demuestra que la confianza puede recuperarse rápidamente, pero también perderse con igual velocidad. Los mercados premiarán señales claras de responsabilidad económica, respeto institucional y promoción de inversiones. Sin embargo, cualquier retroceso en materia fiscal, conflictos políticos prolongados o medidas populistas podría revertir el optimismo inicial.
La gran oportunidad del nuevo gobierno sería aprovechar el enorme potencial productivo del Perú para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento sostenido, superior al 7% anual. El desafío consistirá en transformar la confianza electoral en resultados concretos para la inversión, el empleo y la competitividad del país.
Las decisiones económicas que deberían adoptarse en los primeros 100 días
Un gobierno de Keiko Fujimori debería aprovechar el denominado «bono de confianza» inicial para ejecutar medidas de alto impacto. Entre ellas destacan: designar un equipo económico de reconocido prestigio técnico; presentar un programa de consolidación fiscal creíble; ratificar la independencia del Banco Central; aprobar un paquete de simplificación regulatoria para acelerar inversiones; destrabar los principales proyectos mineros e infraestructura; fortalecer ProInversión y el sistema de asociaciones público-privadas; lanzar un programa de formalización empresarial y laboral; y establecer una estrategia nacional de seguridad ciudadana. Esto último, de vital importancia.
Estas señales serían fundamentales para consolidar la recuperación de la confianza y acelerar el crecimiento económico.
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