Por Redacción Ejecutivo TI
Más allá de las preferencias electorales, existe un consenso cada vez más amplio entre gremios empresariales, exportadores, industriales y analistas económicos respecto a los desafíos urgentes que deberá abordar la nueva administración si busca recuperar la confianza, atraer inversiones y reactivar el crecimiento económico.
Si existe un tema que une a grandes empresas, exportadores, industriales y microempresarios es la creciente inseguridad ciudadana.
Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, ha señalado que la lucha contra la criminalidad debe convertirse en una prioridad nacional debido a que afecta directamente las oportunidades de desarrollo de millones de peruanos. El dirigente también ha insistido en la necesidad de construir consensos políticos que permitan avanzar en una agenda de crecimiento y empleo.
La preocupación no es menor. La expansión de las extorsiones, el crimen organizado y la violencia en diversas regiones del país se ha convertido en uno de los principales factores que frenan nuevas inversiones y afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
El segundo gran desafío identificado por el sector privado es la recuperación de la confianza. Durante diversas intervenciones públicas, Zapata ha advertido que la incertidumbre política ha llevado a muchos inversionistas a postergar decisiones de inversión mientras esperan mayor claridad sobre el rumbo económico del país.
Desde la perspectiva empresarial, la estabilidad política, la seguridad jurídica y la predictibilidad son elementos indispensables para que el Perú vuelva a crecer a tasas superiores al 5% anual.
La CONFIEP sostiene que el crecimiento sostenido sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la pobreza, generar empleo formal y financiar mejores servicios públicos.
Para Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el próximo gobierno tiene la oportunidad de impulsar una agenda más ambiciosa de desarrollo productivo.
El líder industrial ha planteado la necesidad de acelerar proyectos de infraestructura, potenciar la Amazonía como polo de desarrollo y fortalecer sectores estratégicos como la agroexportación, la minería, el turismo y la manufactura. Asimismo, ha advertido que la constante rotación de presidentes y ministros durante los últimos años ha debilitado la confianza de los inversionistas y afectado la capacidad de planificación del país.
La propuesta de la SNI apunta a una combinación de mayor inversión pública en infraestructura y una revisión de la estructura estatal para mejorar la eficiencia gubernamental.
Otro de los puntos que aparece de manera recurrente en las demandas empresariales es la reducción de la carga burocrática.
Los exportadores y diversos gremios coinciden en que el exceso de trámites, permisos y regulaciones continúa afectando la competitividad del país frente a otros mercados de la región.
La simplificación administrativa, la digitalización de servicios públicos y el destrabe de proyectos de inversión son vistos como medidas que podrían generar resultados relativamente rápidos durante los primeros meses de gestión.
Sin embargo, los desafíos del próximo gobierno no serán únicamente económicos, ya diversos dirigentes empresariales han señalado que el Perú enfrenta una crisis de representación política que requiere fortalecer los partidos, mejorar la gobernabilidad y construir acuerdos de largo plazo.
Jorge Zapata ha afirmado recientemente que el sistema político necesita correcciones profundas para consolidar una democracia más sólida y funcional. En ese contexto, la capacidad del próximo gobierno para generar consensos podría ser tan importante como sus propias políticas económicas.
Si se sintetizan las principales demandas expresadas por los gremios empresariales durante las últimas semanas, la agenda de los primeros 100 días podría resumirse en cinco prioridades:
La expectativa empresarial es clara: el Perú necesita recuperar el dinamismo perdido. El desafío para el próximo gobierno será transformar esas demandas en resultados concretos en un contexto donde la ciudadanía también exige seguridad, oportunidades y una mejora tangible en su calidad de vida.
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