Durante más de veinte años, el Perú fue presentado como uno de los casos de éxito económico de América Latina. La estabilidad macroeconómica, la baja inflación y el crecimiento sostenido permitieron reducir la pobreza y atraer inversión. Sin embargo, hoy existe un consenso creciente entre economistas, empresarios y organismos internacionales: ese modelo llegó a un punto en el que ya no puede generar por sí solo mayores tasas de crecimiento.
El debate ya no gira alrededor de si el país necesita más apertura económica o mayor disciplina fiscal. Esas reformas, implementadas en la década de 1990, siguen siendo la base del modelo económico peruano. La discusión actual apunta hacia otro problema: la incapacidad del Estado para acompañar ese desarrollo.
Por eso, cada vez con mayor frecuencia aparece un concepto que durante años permaneció reservado al ámbito académico: las reformas de segunda generación.
Del mercado al Estado
Las reformas impulsadas en los años noventa tuvieron un objetivo claro: estabilizar una economía devastada por la hiperinflación y la crisis fiscal. Se liberalizaron los mercados, se abrieron las fronteras al comercio, se promovió la inversión privada, se privatizaron empresas públicas y se fortaleció la autonomía del Banco Central.
Aquellas medidas permitieron recuperar la confianza y sentaron las bases para dos décadas de crecimiento.
Pero los propios organismos internacionales advertían desde finales de esa misma década que la agenda no terminaba allí. Una economía de mercado necesitaba instituciones modernas para sostener su desarrollo.
En otras palabras, después de reformar la economía era necesario reformar el Estado.
La agenda que quedó pendiente
Las llamadas reformas de segunda generación no buscaban cambiar el modelo económico, sino hacerlo funcionar mejor.
Entre las principales tareas pendientes figuraban la profesionalización del servicio civil, una reforma integral del sistema de justicia, la modernización del Estado, la simplificación tributaria, la reducción de la informalidad laboral, el fortalecimiento de los organismos reguladores, la mejora de la educación pública y una descentralización acompañada de capacidades de gestión.
Todas ellas compartían un mismo objetivo: elevar la productividad del país.
Mientras las reformas de primera generación crearon estabilidad, las de segunda generación debían crear eficiencia.
¿Por qué nunca llegaron?
La respuesta tiene varios componentes.
En primer lugar, son reformas políticamente mucho más complejas. A diferencia de controlar la inflación o abrir la economía, modernizar el Estado implica modificar estructuras de poder, enfrentar intereses corporativos y sostener políticas durante varios gobiernos.
En segundo lugar, el prolongado ciclo de altos precios de los minerales entre 2002 y 2013 permitió que la economía siguiera creciendo sin que estas reformas parecieran urgentes. El crecimiento ocultó muchas debilidades institucionales.
Finalmente, la inestabilidad política de la última década terminó por paralizar cualquier intento de impulsar cambios estructurales que requieren continuidad y consensos de largo plazo.
El verdadero cuello de botella
Hoy pocos economistas sostienen que el principal problema del Perú sea la falta de apertura económica.
El diagnóstico dominante apunta a otro lado: baja productividad, elevada informalidad, instituciones débiles, exceso de burocracia, lentitud en la ejecución de obras públicas y un sistema de justicia que genera incertidumbre.
En ese contexto, las reformas de segunda generación vuelven a ocupar un lugar central en la discusión sobre el futuro del país.
El desafío ya no consiste en redefinir el modelo económico, sino en completar una modernización institucional que quedó inconclusa hace más de veinte años.
Mientras esa deuda persista, el Perú probablemente seguirá creciendo, pero difícilmente recuperará las tasas de expansión que lo convirtieron en una de las economías más dinámicas de la región.
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