Hay una frase del flamante ministro de Economía que resume mejor que cualquier balance financiero el problema de Petroperú: “sigue siendo un barril sin fondo que elimina recursos públicos que cuesta recaudar”.
La dijo antes de asumir el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando todavía analizaba desde fuera las prioridades del nuevo Gobierno. Ahora, sentado en el MEF, Cuba tiene la oportunidad —y también la obligación— de demostrar que aquella advertencia no era simplemente un diagnóstico académico.
Porque Petroperú representa uno de los mayores dilemas económicos que heredó el nuevo Gobierno: cómo impedir que una empresa estatal con importancia estratégica siga convirtiéndose en una fuente recurrente de riesgo fiscal.
El problema no es nuevo. Tampoco nació con el actual directorio. Durante años, Petroperú ha acumulado pérdidas, deuda, cambios de administración y planes de reestructuración, mientras el Estado ha terminado proporcionando el oxígeno financiero necesario para evitar una crisis mayor. En mayo, el Gobierno autorizó compromisos contingentes de hasta US$2.000 millones para financiar exclusivamente la continuidad operativa de la petrolera.
Formalmente, no fue denominado un “salvataje”. Económicamente, sin embargo, la diferencia puede ser mucho menos importante para el contribuyente. Cuando una empresa necesita que el Estado coloque su balance soberano detrás de sus operaciones para garantizar que pueda seguir comprando petróleo, pagando proveedores y manteniendo su cadena de abastecimiento, el mercado sabe quién está detrás del riesgo.
El garante último es el Estado peruano. Y, por tanto, el contribuyente. El problema no es solo Petroperú. Es el modelo Petroperú. Durante demasiado tiempo, el debate sobre la petrolera estatal ha quedado atrapado entre dos posiciones políticas: quienes quieren mantenerla como símbolo de presencia empresarial del Estado y quienes plantean venderla. Esa discusión, aunque importante, deja fuera el verdadero problema.
La pregunta económica no es si Petroperú debe existir. La pregunta es cuánto le cuesta al Estado que exista como está administrada actualmente. Una empresa estatal puede tener sentido estratégico. Puede garantizar abastecimiento, competir en mercados donde existen fallas de competencia y cumplir objetivos de seguridad energética.
Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que esos objetivos estratégicos se mezclen con una gestión empresarial incapaz de producir retornos suficientes sobre el capital utilizado. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido durante años.
Petroperú cerró 2025 con una pérdida neta de US$468,3 millones, aunque mejoró frente al agujero de US$773,9 millones registrado en 2024. La Nueva Refinería Talara, mayores ventas de combustibles y un programa de austeridad ayudaron a reducir las pérdidas. La mejora es real. Pero también es insuficiente para declarar victoria. Una empresa que pierde cientos de millones de dólares durante dos años consecutivos y que al mismo tiempo necesita respaldo estatal no puede presentar una mejora porcentual de sus pérdidas como prueba definitiva de recuperación. Eso sería confundir menor deterioro con salud financiera.
Talara cambió el tamaño del problema.
La Nueva Refinería Talara debía ser el gran salto tecnológico y empresarial de Petroperú. La expectativa era que la nueva infraestructura permitiera aumentar la producción, reducir la dependencia de combustibles importados y mejorar la posición competitiva de la empresa. Pero una refinería moderna no elimina por sí misma los problemas de una empresa. Los transforma.
Ahora Petroperú tiene que demostrar que puede obtener una rentabilidad suficiente sobre una inversión gigantesca, sostener una operación eficiente y generar caja para atender su deuda. Y aquí aparece una pregunta que durante demasiado tiempo quedó relegada por el debate político: ¿cuánto capital debe seguir poniendo el Estado para que una empresa pueda demostrar que la inversión anterior fue correcta? La respuesta no puede ser indefinida.
Porque cada nuevo apoyo financiero tiene un costo de oportunidad. Los recursos que se utilizan para sostener una empresa estatal no pueden utilizarse simultáneamente para cerrar brechas de infraestructura, mejorar servicios públicos o fortalecer la inversión pública. El problema de Petroperú, por tanto, no termina en sus estados financieros. También aparece en las cuentas fiscales del Perú.
La paradoja de 2026
Hay, sin embargo, una paradoja que el nuevo ministro deberá administrar cuidadosamente. Petroperú viene mostrando una recuperación. La compañía reportó una utilidad neta de US$208,4 millones en el primer cuatrimestre de 2026, frente a una pérdida de US$197 millones en el mismo período del año anterior. También informó un EBITDA de US$395 millones.
Los mercados han reaccionado positivamente. Entre abril y julio, el bono de Petroperú con vencimiento en 2032 pasó de 79,166 a 86,111 puntos, mientras el bono con vencimiento en 2047 avanzó de 69,805 a 72,154. La mejora refleja una percepción algo más favorable de los inversionistas sobre la empresa. Eso es una buena noticia. Pero también aumenta la exigencia.
Porque si Petroperú ya está recuperando márgenes, mejorando resultados y recuperando valor en sus bonos, ha llegado el momento de comprobar si puede caminar sin las muletas del Estado. Ese debería ser el verdadero objetivo de Elmer Cuba. No simplemente evitar que Petroperú quiebre. Sino conseguir que deje de ser una contingencia permanente para las finanzas públicas.
El directorio número… ¿cuántos más?
El historial reciente de la petrolera revela otro problema: la inestabilidad en su gobierno corporativo. En apenas unos meses de 2026, Petroperú ha atravesado sucesivos cambios en la presidencia y composición de su directorio. Edgar Zamalloa asumió en marzo; Roger Arévalo tomó la presidencia a fines de ese mismo mes; y en mayo Edmundo Lizarzaburu fue designado presidente.
Es difícil construir una transformación empresarial de largo plazo cuando la dirección cambia con tanta frecuencia. Ninguna compañía privada que aspire a recuperar miles de millones de dólares de inversión aceptaría semejante volatilidad en su gobierno corporativo. Petroperú tampoco debería hacerlo. Por eso, el reto de Cuba no consiste únicamente en colocar buenos profesionales en el directorio. Consiste en blindar la gestión frente al ciclo político.
El Estado puede ser propietario. Pero no debería ser un accionista que cambia de estrategia cada vez que cambia el Gobierno.
El recorte laboral no puede ser la reforma completa.
La reorganización interna anunciada por Petroperú contempla una reducción proyectada de 1.554 posiciones, mediante eliminación de vacantes, desvinculación voluntaria, jubilaciones y no renovación de determinados contratos. Es una medida necesaria. Pero sería un error presentarla como la solución. Reducir trabajadores puede mejorar costos. No necesariamente mejora el modelo de negocio.
La verdadera reforma debe responder otras preguntas: ¿qué activos deben permanecer dentro de Petroperú?, ¿cuáles podrían atraer capital privado?, ¿qué negocios generan valor?, ¿cuáles destruyen caja?, ¿qué rentabilidad mínima debe exigirse a cada unidad?, ¿cuánto endeudamiento es sostenible?, ¿qué decisiones deben quedar fuera de la influencia política?
Y sobre todo: ¿qué ocurrirá si Petroperú vuelve a perder dinero? Ahí debería estar el contrato implícito de la nueva gestión. Cuba tiene la oportunidad de cambiar las reglas Elmer Cuba llega al MEF con una credencial que pocos ministros han tenido frente a este problema: ya había diagnosticado Petroperú antes de asumir el cargo.
La factura final
El caso Petroperú debería obligar al Perú a discutir un asunto incómodo: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad del Estado como propietario de una empresa? El Gobierno puede argumentar que la petrolera es estratégica. Correcto. Puede sostener que su operación es necesaria para la seguridad energética. También correcto. Pero ninguna de esas razones explica por qué los contribuyentes deberían asumir indefinidamente las consecuencias de una gestión empresarial deficiente.
Una empresa estratégica también debe ser financieramente responsable. Y si el Estado decide mantenerla, debe hacerlo bajo reglas mucho más exigentes que las aplicadas hasta ahora. La época de los rescates sin una transformación equivalente debería haber terminado. Porque el Perú no tiene un problema de falta de dinero. Tiene un problema de capital mal asignado. Y Petroperú es uno de los casos más visibles.
Elmer Cuba ha llegado al MEF hablando de disciplina fiscal, revisión de leyes con impacto presupuestario y recuperación del espacio fiscal. Petroperú será su primera gran prueba de consistencia. Si el nuevo ministro logra que la empresa deje de recurrir al Estado para sobrevivir, habrá hecho mucho más que ordenar una petrolera. Habrá enviado una señal poderosa al sector privado y a los mercados: en el Perú, ser una empresa estatal ya no significa tener al Tesoro como seguro contra una mala gestión.
Si fracasa, el resultado será conocido. Otro directorio. Otro plan. Otra garantía. Otra inyección de recursos. Y nuevamente, la misma pregunta:
¿cuánto más debe pagar el contribuyente por una empresa que lleva años prometiendo que esta vez será diferente?
El ministro de Economía y Finanzas presentó nuevas medidas y prioridades que forman parte de los primeros días de trabajo de la nueva administración económica. Entre los principales anuncios figuran un cambio de rumbo para Petroperú con el nombramiento de un nuevo directorio:
Presidente: Oliver Thomas Alexander Stark Preuss
Directores:
César Augusto Burga Rivera
Daniel Enrique Cabrera Ortega
Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez
Carlos Adrián Linares Peñaloza (continúa en el cargo)
Néstor Reynaldo Herrera Guerrero: Representante de los trabajadores
La nueva gestión buscará recuperar la capacidad de Petroperú para operar como una empresa productiva, generar flujos de caja positivos y enfrentar la elevada deuda acumulada durante los últimos años. A ello se suma una evaluación de la situación de la caja fiscal y de la regla fiscal, en un escenario en el que el Gobierno ha identificado obligaciones y gastos que no fueron considerados originalmente en el presupuesto de este año.
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