

Pero el golpe mediático y político fue inmediato: una presidenta con una aprobación menor al 10 %, al frente de un país con más del 40 % de su población en situación de pobreza, se colocó en el mismo rango salarial que sus pares en Uruguay o Guatemala. ¿Cuánto gana un presidente en América Latina y qué tan razonables son estas cifras?

Desde una perspectiva técnica, el reajuste de la presidenta Boluarte responde a una incoherencia histórica: en Perú, el presidente ganaba menos que un ministro, menos que un magistrado del Tribunal Constitucional o un superintendente. El nuevo sueldo busca corregir esa anomalía. Hoy, los ministros peruanos perciben alrededor de 8,200 USD, y algunos magistrados del Tribunal Constitucional o el BCR superan los 12,000 USD mensuales.
Pero una cosa es la lógica interna del Estado y otra es la calle. En un país donde 1 de cada 2 familias enfrenta inseguridad alimentaria y donde la clase política sufre de un profundo descrédito, el reajuste no cayó bien. Las críticas no se hicieron esperar: fue considerado inoportuno, desatinado e insensible.
Los presidentes no están solos en los sueldos altos. En países como Chile o Colombia, los senadores superan los 10,000 USD mensuales, mientras que en Perú, los congresistas reciben más de 6,400 USD si se suma el sueldo base con la asignación por representación. En México, la cifra se eleva hasta los 17,750 USD, incluyendo bonos.
Pero mientras algunos defienden estos sueldos como necesarios para atraer talento y evitar la corrupción, otros los ven como una burla en contextos de crisis fiscal y social.

El salario de un presidente debería reflejar la responsabilidad, el riesgo y la complejidad del cargo. Sin embargo, también debe ser simbólicamente coherente con la realidad del país al que sirve. Cuando se rompen esas coordenadas, el descontento social se convierte en fuego político. En 2025, Perú ha entrado en un nuevo club: el de los presidentes mejor pagados de América Latina. Pero con un liderazgo frágil, una ciudadanía crispada y un Congreso enfrentado, la verdadera pregunta no es cuánto gana su presidenta, sino si el país puede permitirse pagar el precio político de decisiones desconectadas del sentir popular
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