Balcázar, quien fue elegido por el Congreso para reemplazar a su antecesor tras un escándalo político y ante la inestabilidad institucional que ha visto al país cambiar de presidente varias veces en los últimos años, ha subrayado que la designación de De Soto responde a la necesidad de “garantizar el modelo económico” y evitar sobresaltos financieros en esta etapa crucial. Además, ha sido claro en que los ministros que integren el gabinete deberán alinearse con la orientación económica del premier, en un intento por presentar una línea coherente ante los mercados y actores económicos.
La Presidencia enfatizó en un comunicado oficial que el nombramiento del economista —quien fue candidato presidencial y figura de amplia trayectoria académica— fortalece el “rumbo institucional del gobierno de transición” y respalda directamente la meta de asegurar elecciones limpias y transparentes.
La reacción de los actores políticos ha sido variada. Desde sectores moderados y técnicos hay señales de respaldo: Alianza para el Progreso felicitó la designación, calificándola como una muestra de “estabilidad, confianza y predictibilidad”, destacando la experiencia internacional de De Soto como un activo en la coyuntura actual.
En paralelo, voces conservadoras como la candidata presidencial Keiko Fujimori adoptan una posición de prudencia: han subrayado que, aunque reconocen el perfil técnico de De Soto, evaluarán cada acción del gabinete en función de sus decisiones concretas, más allá del nombre que ocupe la PCM. Para Fujimori, no es el perfil académico sino las decisiones operativas lo que realmente importa en este momento clave para el país.
No obstante, la congresista Patricia Juárez, del fujimorismo, ha llamado a “poner paños fríos” y apoyar al nuevo gabinete, destacando el prestigio internacional de De Soto y algunas de sus ideas técnicas, como la formalización minera, que, en su opinión, están pendientes de desarrollo en el país.
Otros líderes políticos expresan reservas. Carlos Espá, candidato por el partido SíCreo, ha descrito la designación como “una tranquilidad a medias”, resaltando que la verdadera prueba de peso político será la conformación del gabinete, en especial el ministro del Interior, cuya gestión será crucial para responder a la crisis de seguridad.
No han faltado críticas desde sectores más radicales y de izquierda. La socióloga y excongresista Indira Huilca calificó la elección de De Soto como un “riesgo para el Perú” y una continuidad de prácticas políticas que, en su visión, no atienden las urgencias sociales del país, obviando que éste necesita respuestas inmediatas en áreas como seguridad y cohesión social.
Dentro de las prioridades que enfrenta este gabinete transitorio están temas que exceden lo económico: la violencia, el sicariato y la delincuencia organizada llevan años erosionando la percepción de seguridad y bienestar ciudadano. Aunque la experiencia de De Soto es eminentemente técnica y centrada en formalización e institucionalidad económica, el gobierno sabe que debe mostrar resultados tangibles en estos campos antes de que termine su mandato provisional. La coordinación con las fuerzas del orden y la Justicia será observada de cerca, no solo por la ciudadanía, sino también por posibles inversionistas que ven la estabilidad pública como condición para cualquier plan de inversión o expansión.
A la par, el ministerio del Interior y el ministerio de Defensa se convierten en piezas clave de la narrativa gubernamental. La simple designación del premier no bastará para tranquilizar a una opinión pública cansada de inseguridad; lo que más importa ahora es la operatividad diaria y la capacidad de respuesta institucional, dos aspectos que en el pasado inmediato han generado críticas tanto internas como internacionales sobre la capacidad del Estado peruano para contener la violencia.
En el frente económico, la disciplina fiscal será otra prueba de fuego. En un periodo preelectoral donde las demandas de gasto público suelen intensificarse —con presiones sociales y partidarias por aumentar recursos para programas sociales o compensaciones—, la gestión bajo De Soto y la orientación que imponga el gobierno de Balcázar deberá mostrar consistencia, prudencia y un mensaje claro de previsibilidad. Este esfuerzo tiene un doble propósito: no solo estabilizar las expectativas de mercado, sino también preparar el terreno para que el próximo gobierno no herede desequilibrios fiscales que limiten su margen de maniobra de entrada.
Con menos de seis semanas para que los ciudadanos vayan a las urnas, el desafío de este gobierno no es transformar el país —lo cual sería irreal en tan corto plazo— sino asegurar que las elecciones se realicen en un ambiente de normalidad democrática. En ese contexto, la presencia de De Soto puede funcionar como un elemento moderador o —si falla en la ejecución— como un símbolo de desconexión entre la técnica y las realidades urgentes de los peruanos. Lo que está en juego no es únicamente la reputación de quienes ocupan Palacio de Gobierno durante estos meses, sino la legitimidad misma de una elección que, para muchos, representa la esperanza de un nuevo comienzo después de años de inestabilidad política y social.
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