La abrupta salida de Hernando de Soto de la Presidencia del Consejo de Ministros y la designación de Denisse Miralles como nueva titular de la PCM no solo modificó un gabinete. Alteró el eje de poder de un gobierno de transición que tiene apenas cinco semanas para conducir al país hacia unas elecciones cuya legitimidad ya comienza a ser discutida en el espacio público. El episodio dejó al descubierto tensiones que venían gestándose en silencio. De Soto había planteado una recomposición ministerial con énfasis técnico y menor dependencia partidaria. Sin embargo, en el tramo final de las negociaciones, el equilibrio político se inclinó hacia una fórmula distinta, donde el peso específico de Alianza para el Progreso, el partido liderado por César Acuña, terminó siendo determinante..

Miralles es considerada cercana a APP, y en los círculos políticos se comenta que la permanencia de al menos ocho ministerios estaría vinculada directa o indirectamente a espacios de influencia asociados a esa agrupación. Varios de esos despachos, según trascendió, habrían estado en la lista de cambios impulsados por De Soto antes de su salida. El resultado final fue otro: continuidad antes que ruptura.

El efecto político fue inmediato. La bancada de Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, anunció que no otorgará el voto de confianza al gabinete. Si la negativa se consolida y otras bancadas se suman, el Ejecutivo podría verse obligado a recomponer nuevamente el Consejo de Ministros en pleno calendario electoral. La sola posibilidad de ese escenario agrega una capa adicional de incertidumbre institucional.

El impacto económico: expectativas, riesgo y disciplina fiscal

En contextos de transición breve, los mercados no reaccionan tanto a los nombres como a las señales de estabilidad. La salida de De Soto fue interpretada por parte del empresariado como la caída de una figura que garantizaba un discurso ortodoxo y predecible. La llegada de Miralles, con trayectoria técnica en el Ministerio de Economía, no elimina ese componente de solvencia, pero sí introduce un matiz político que los inversionistas observan con cautela.

El principal riesgo en este momento no es una crisis fiscal inmediata, sino la percepción de captura política del Ejecutivo. Cuando un gabinete aparece asociado a cuotas partidarias, los agentes económicos tienden a preguntarse si las decisiones responderán a criterios técnicos o a equilibrios parlamentarios. Esa percepción puede trasladarse rápidamente a expectativas de inversión, comportamiento del tipo de cambio y decisiones de expansión empresarial.

El segundo frente crítico es el fiscal. En períodos preelectorales se multiplican las demandas de gasto. Sectores sociales presionan por mayores transferencias, sindicatos por ajustes salariales y regiones por ampliación presupuestal. Si el Ejecutivo cede sin financiamiento sostenible, el deterioro podría trasladarse a la siguiente administración. Si, por el contrario, mantiene disciplina estricta, enfrentará tensiones políticas en el Congreso. La capacidad de Miralles para sostener un equilibrio técnico mientras negocia políticamente será determinante.

Seguridad y legitimidad electoral: el reloj corre

Más allá del mercado, la población exige respuestas inmediatas frente al avance de la delincuencia y el sicariato. La continuidad ministerial puede ofrecer estabilidad administrativa, pero el problema de la seguridad no admite inercia. En un entorno de elecciones próximas y cuestionamientos sobre procesos anteriores, cualquier episodio de violencia institucional o desorden logístico podría amplificar sospechas sobre la transparencia electoral.

El gobierno de transición no organiza directamente las elecciones, pero sí construye el clima político. Si el Ejecutivo proyecta fragilidad o disputas internas, la narrativa de ilegitimidad gana terreno. Si logra estabilidad operativa y neutralidad pública, puede contribuir a bajar la tensión.

¿Qué debería hacer Miralles para estabilizar el escenario?

En un margen de cinco semanas, la estrategia debe ser quirúrgica y enfocada. Primero, emitir una señal inequívoca de autonomía técnica en materia fiscal y respaldo a la institucionalidad económica. Segundo, garantizar que Interior y Defensa operen con coordinación y resultados visibles, aunque sean de contención. Tercero, establecer una narrativa clara de neutralidad electoral, sin ambigüedades ni interferencias. Y cuarto, construir un acuerdo mínimo parlamentario que asegure el voto de confianza, aunque sea con apoyos fragmentados.

El tiempo es demasiado corto para reformas estructurales. La tarea es preservar normalidad. La estabilidad no se medirá por anuncios, sino por la ausencia de sobresaltos.

Una transición que revela la disputa real

La salida de De Soto expuso que el debate no era exclusivamente técnico, sino político. El control de ministerios en un gobierno transitorio puede parecer menor en comparación con una administración completa, pero incluso cinco semanas otorgan capacidad de decisión presupuestal, designaciones administrativas y visibilidad pública. En ese contexto, la pugna por influencia adquiere sentido estratégico.

Para los mercados, el interrogante es si el gabinete Miralles representa continuidad macroeconómica o una transición con mayores componentes partidarios. Para la ciudadanía, la pregunta es más simple: si el país llegará a las urnas con orden o con un nuevo episodio de crisis política.

En este momento, la estabilidad peruana no depende de grandes reformas, sino de la administración del tiempo. Y el tiempo, en política, es el recurso más escaso.

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