Se sacan la careta. Al parecer, como en un pacto contranatura, bancadas parlamentarias de diversas ideologías, pero que tendrían intereses con la minería ilegal, estarían a un paso de aprobar una ley que permitiría continuar las actividades de grupos criminales que destrozan el medio ambiente, saquean los recursos naturales, y asesinan a quienes se les oponen.
En ese sentido, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) denunció que en el último predictamen de la Ley MAPE que la Comisión de Energía y MInas del Congreso pretende aprobar este martes de forma exprés, existen hasta 14 puntos que perpetuarían la informalidad minera y generarían discriminación económica.
Crédito barato y privilegios: Se habilitaría al Banco de la Nación a otorgar créditos con tasas preferenciales a mineros informales, para facilitarles transacciones de venta de oro a plantas procesadoras.
La SNMPE advierte que esto crea un trato desigual frente a otros sectores productivos, como panaderos, emprendedores o transportistas, que no acceden a esos beneficios. “Se están entregando beneficios tributarios y financieros con respaldo de entidades públicas, creando un marco preferencial y discriminatorio frente a otras actividades productivas”, señala el gremio.
Otro punto clave: el predictamen busca reducir la vigencia de concesiones mineras de 30 a 10 años, un antiguo pedido de los informales.
El proyecto también plantea reemplazar el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un nuevo padrón: el Registro Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma), que abriría paso a un proceso de formalización indefinido, como el que se arrastra sin resultados desde hace 22 años.
LAS OBSERVACIONES DE LA SNMPE
1) Formalización indefinida: Se busca legalizar a mineros informales e ilegales mediante un nuevo proceso de formalización permanente bajo el Renapma.
2) Requisitos mínimos: La inscripción en el nuevo registro solo exige datos básicos como DNI, RUC y coordenadas, más documentos comerciales que no garantizan control real.
3) Blanqueo de ilegales: Se redefine a los mineros ilegales como “informales”, eliminando distinciones clave.
4) Impunidad penal: Los inscritos en el Renapma quedarían liberados de procesos por minería ilegal.
5) Amenaza a concesiones formales: Se facilitaría que mineros informales invadan áreas concesionadas legalmente mediante la figura de servidumbre.
6) Falta de trazabilidad: Se promueve el uso de mecanismos de compra sin control que pueden facilitar actividades ilícitas.
7) Menos control ambiental: Ya no sería obligatorio que los estudios ambientales sean elaborados por entidades especializadas registradas ante el MINAM.
8) Presunción de legalidad: Basta estar inscrito en el Renapma para que el mineral se considere automáticamente de origen lícito.
9) Intervención económica del Estado: Se plantea que el Estado garantice precios “justos”, afectando el principio de subsidiariedad en la economía.
10) Riesgo con explosivos: Se permitiría un reglamento especial más laxo para el uso de explosivos, aumentando los peligros de seguridad.
11) Procesamiento sin control: Se ampliaría el permiso para procesar minerales sin concesión a la pequeña minería, algo que hoy solo aplica para la minería artesanal.
12) Débil fiscalización: El control ambiental y de seguridad se dejaría en manos de los gobiernos regionales, con criterios subjetivos y poco técnicos.
13) Menor plazo para concesiones: Se plantea reducir la vigencia de las concesiones de 30 a 10 años, dificultando la inversión formal en minería.
14) Créditos baratos: Se otorgarían ventajas tributarias y financieras —como créditos del Banco de la Nación— solo a los mineros informales, excluyendo a otros sectores productivos.
En resumen, el predictamen parece haber hecho a la medida de los mineros ilegales.
OTRAS MEDIDAS PELIGROSAS
El nuevo predictamen, según la SNMPE, introduce dos disposiciones adicionales que benefician directamente a la minería informal:
1) Disfrazan la pequeña minería de artesanal, modificando la Ley General de Minería. Se duplica el límite de producción diaria de la minería artesanal, pasando de 25 a 50 toneladas métricas, según la Única Disposición Complementaria Modificatoria.
2) Relajan los controles tecnológicos, permitiendo que los mineros artesanales utilicen no solo métodos manuales —propios de su categoría—, sino también “tecnologías operativas de baja complejidad”, sin una definición técnica clara. Esto desnaturaliza el concepto de minería artesanal y diluye aún más los controles ambientales y operativos, ya casi inexistentes en este régimen.
MANIOBRAS TURBIAS
El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, ha convocado a sesión este martes a las 2:30 p.m. para debatir y votar —por segunda vez en menos de una semana— un nuevo predictamen de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
El primer predictamen ya había recibido ocho cuestionamientos por parte de la SNMPE, varios de los cuales persisten en esta nueva versión.
Todo apunta a que la nueva “ley MAPE” podría ser aprobada. Las bancadas de Renovación Popular, Podemos y Perú Libre —aliadas al Bloque Magisterial— mantienen vínculos con la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Confemin), el gremio informal más interesado en mantener vivo el Reinfo.
El antecedente más claro fue la sesión del Pleno del 29 de noviembre de 2024, en la que se aprobó ampliar el Reinfo hasta junio de 2025 (con posible prórroga hasta diciembre) si no se aprobaba la nueva ley hasta fines de junio. El resultado fue contundente: 81 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones.
Entre los integrantes de la Comisión de Energía y Minas que respaldaron esa ampliación en el Pleno estaban Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), Raúl Doroteo (Acción Popular), Maricarmen Alva (no agrupada), José María Balcázar y Segundo Montalvo (Perú Libre), Nilza Chacón, Héctor Ventura y César Revilla (Fuerza Popular), Jorge Coayla (Juntos por el Perú), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi (Podemos), José Jerí (Somos Perú), Esdras Medina (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia).
Si esta “mayoría” confirma su votación este martes, la historia podría repetirse, ahogando con su hedor cualquier posibilidad de desarrollo económico y social del país.
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