A primera vista, el Perú parece haber recuperado su antiguo guion de «milagro económico». Tras un 2024 de estancamiento, las grúas han vuelto a poblar el horizonte del país y los tajos mineros de los Andes operan a plena capacidad. Sin embargo, detrás de las cifras de inversión privada que hoy brillan con un crecimiento del 10%, se esconde una arquitectura fiscal que empieza a crujir bajo el peso de decisiones políticas costosas y una petrolera estatal que se ha convertido en un pozo sin fondo.
El retorno del capital, con condiciones
Para los mercados internacionales, el Perú sigue siendo una anomalía resiliente. A pesar de una clase política fragmentada, la inversión privada —que representa el 80% de la inversión total del país— ha demostrado una capacidad de aislamiento asombrosa.
El impulso viene de dos frentes: un superciclo de precios de metales que ha forzado la marcha en proyectos como Quellaveco y Antamina, y una cartera de infraestructura que, tras años de parálisis, finalmente ha comenzado a fluir a través de Proinversión.
Pero este optimismo es cauteloso.
Los directores financieros en San Isidro no están celebrando una nueva era de estabilidad, sino aprovechando una ventana de oportunidad antes de que el ciclo electoral de 2026 enturbie las aguas. La confianza empresarial se mantiene en territorio positivo, pero es una confianza «prestada»: depende estrictamente de que el Banco Central de Reserva (BCRP) mantenga su autonomía como el último dique de contención técnica.
El agujero negro de Talara
El mayor riesgo para esta recuperación no viene de un choque externo, sino del balance del Estado. Petroperú, la joya de la corona del estatismo peruano, se ha transformado en un pasivo sistémico.
Los sucesivos salvatajes financieros, que el Instituto Peruano de Economía (IPE) ya cifra en más de S/ 32,000 millones, son vistos por los gremios empresariales no solo como un error de gestión, sino como un costo de oportunidad trágico.
«Cada sol invertido en una refinería ineficiente es un sol que no se usa para cerrar la brecha de infraestructura que hace al Perú menos competitivo», advierte un reciente comunicado de la Unión de Gremios.
El mercado observa con escepticismo: mientras el Ejecutivo intenta una «privatización de gestión» a paso lento, el Congreso sigue emitiendo señales contradictorias que sugieren que el Estado no está listo para soltar su juguete más caro.
La pinza política sobre el Tesoro
Si Petroperú es la hemorragia, el gasto fiscal corriente es la fiebre persistente. Existe una pinza peligrosa entre un Ejecutivo que cede ante presiones de gasto para ganar gobernabilidad y un Congreso que legisla con la billetera ajena. s
El incremento del gasto fiscal sin una contraparte en productividad está presionando el déficit hacia el límite de las reglas macrofiscales.
Para Bloomberg, la métrica clave es el riesgo país. Aunque el Perú mantiene uno de los niveles más bajos de la región, la erosión de las instituciones fiscales está empezando a pasar factura en las primas de riesgo a largo plazo.
Los inversionistas ya no solo preguntan por el PBI, sino por cuánto tiempo más podrá el MEF resistir el asedio de un legislativo que ve el presupuesto nacional como una herramienta de clientelismo.
El veredicto
El Perú se encuentra en una encrucijada clásica de mercados emergentes. Tiene los recursos y el apetito del sector privado para liderar el crecimiento regional, pero sufre de una «anemia institucional» que drena sus arcas en rescates industriales anacrónicos.
Si el gobierno de turno no logra imponer una disciplina férrea sobre Petroperú y frenar la expansión del gasto improductivo, el repunte de la inversión de 2025 será recordado no como el inicio de un nuevo auge, sino como el último suspiro de un modelo que se olvidó de cuidar su cimiento más importante: la credibilidad fiscal
Es una prueba
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