La visita de Marco Rubio al Perú llega con una agenda que va mucho más allá de la diplomacia. El secretario de Estado de Estados Unidos aterriza en Lima después de pasar por Colombia y Ecuador, en una gira que busca reforzar los vínculos de Washington con gobiernos aliados y colocar la seguridad, el narcotráfico y el comercio en el centro de la relación hemisférica.
La novedad más importante para Perú se conoció antes de su llegada: Washington anunció la incorporación del país al “Escudo de las Américas”, una iniciativa promovida por la administración de Donald Trump para coordinar esfuerzos contra organizaciones criminales transnacionales, narcotráfico y otras amenazas regionales. Rubio presentó la incorporación peruana como parte de una estrategia para sincronizar la respuesta de los países del hemisferio.
Para Lima, la propuesta llega en un momento particularmente sensible. La extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado han dejado de ser únicamente problemas policiales. También representan costos para empresas, transportistas, operadores logísticos, comerciantes e inversionistas. La seguridad se está convirtiendo, cada vez más, en una variable económica.
Por eso, la cooperación con Washington puede resultar atractiva si se traduce en inteligencia, tecnología, vigilancia, capacitación especializada, control de fronteras, seguridad portuaria y mecanismos para rastrear el dinero de las organizaciones criminales. El propio Rubio ha señalado en Colombia que los gobiernos necesitan principalmente equipos, inteligencia y entrenamiento especializado para enfrentar estas redes.
Pero existe otra cara de la estrategia estadounidense que no puede quedar fuera de la discusión.
En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses han realizado operaciones contra embarcaciones ecuatorianas que Washington vincula con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Ecuador ha defendido las operaciones y sostiene que fueron producto de investigaciones conjuntas. Sin embargo, familiares de algunos tripulantes aseguran que eran pescadores y niegan cualquier vínculo con el tráfico de drogas. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el uso de fuerza letal y han reclamado investigaciones sobre estas operaciones.
El debate ya no es, por tanto, solamente si Estados Unidos debe ayudar a América Latina a combatir al narcotráfico. La pregunta es cómo debe hacerlo.
A ciencia cierta, no se conoce al detalle, los pormenores del acuerdo que plantea la administración Trump y es necesaria la mayor transparencia, no solo por las consecuencias políticas que pueden tener, sino por el necesario respaldo que debe captar para que su aplicación sean de real beneficio para el país.
Los críticos de la estrategia de Washington consideran que el combate contra organizaciones criminales está adquiriendo una dimensión excesivamente militar. La preocupación aumenta cuando se emplea fuerza letal contra personas sospechosas de delitos sin que exista un proceso judicial previo. Expertos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de este tipo de operaciones y han reclamado mecanismos de rendición de cuentas.
La discusión tiene además una dimensión geopolítica. El “Escudo de las Américas” no solamente busca combatir el crimen. También forma parte de un esfuerzo más amplio de Washington por recuperar influencia en América Latina y contener la presencia estratégica de China. Perú, Colombia y Ecuador aparecen ahora como socios especialmente importantes dentro de ese nuevo esquema. México y Brasil, dos de las principales economías de la región, no forman parte de la coalición.
Para Perú, esto abre una cuestión particularmente delicada. El país necesita cooperación internacional para enfrentar organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, pero al mismo tiempo debe preservar su capacidad de definir su propia política de seguridad y sus relaciones económicas. La cooperación con Estados Unidos no debería significar necesariamente aceptar sin discusión el modelo estadounidense.
Existe, además, una dimensión empresarial que merece atención. Rubio ha vinculado la relación de seguridad con una agenda económica más amplia y Washington observa con creciente preocupación determinadas inversiones chinas en la región. La competencia entre Estados Unidos y China puede terminar trasladándose a puertos, infraestructura, energía, telecomunicaciones, minería y logística.
La pregunta que queda para Lima es entonces mucho más amplia que la agenda de una visita diplomática: ¿qué tipo de cooperación necesita realmente el Perú?
La respuesta podría estar menos en importar una guerra contra el narcotráfico y más en construir capacidades propias: inteligencia policial, tecnología, control territorial, seguridad de puertos y carreteras, investigación financiera, fortalecimiento judicial y coordinación internacional.
Rubio llega con una oferta de cooperación en seguridad. Perú tiene ahora la oportunidad de decidir qué necesita de ella y cuáles deben ser sus límites.
Porque combatir al crimen organizado es una prioridad. Pero en una democracia, la eficacia de la seguridad también debe medirse por el respeto a la soberanía, la legalidad y los derechos de quienes no han sido condenados por un delito.
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