El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, señaló que a pesar de que Perú descendió al tercer lugar en la producción mundial de cobre, esto no significa que el país haya perdido su atractivo para la inversión minera.
Desde el 2023, Perú se encuentra por debajo de la República Democrática del Congo en el ranking de producción del metal rojo, aunque aún se mantiene por debajo de Chile, que sigue liderando la lista.
Sin embargo, Ortiz advirtió que esta nueva posición implica que el país está desaprovechando una oportunidad valiosa para acelerar su desarrollo y reducir la pobreza.
Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el Congo habría cerrado el 2024 con una producción de 3.3 millones de toneladas, mientras que Perú alcanzó las 2.7 millones de toneladas, lo que representa una diferencia de 600 mil toneladas.
Sin embargo, para el 2025 y 2026, hay cerca de US$ 8.400 millones de inversión potencial en minería en el país, con proyectos como Reposición Antamina, Corani, Raura, Tantahuatay, Chalcobamba fase I, Tía María y Zafranal. Estos proyectos de inversión han manifestado su interés de desarrollarse ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
¿Qué significan inversiones de más de US$8.000 millones? En promedio, unos 20.000 puestos de trabajo, y eso hay que resaltar porque podríamos estar hablando que, en 2025, los 235.000 puestos de trabajo de la minería formal, se multiplicarán y tendremos una muy fuerte demanda de trabajo para el sector.
El vicepresidente del IIMP explicó que en los últimos años el país se ha enfocado en recuperar los niveles de producción minera previos a la pandemia e impulsar nuevos proyectos como Mina Justa (2021) y Quellaveco (2023), así como ampliaciones en minas existentes como Toromocho.
«Pero ya no hubo nuevos proyectos en el 2024, mientras en la República Democrática del Congo sí ha habido nuevas minas y ampliaciones relevantes como fue el caso de la mina Kamoa-Kakula«, sostuvo Ortiz.
«Un punto clave para retomar el crecimiento en producción de cobre es la optimización de los procesos de evaluación y autorización de permisos para ampliaciones y nuevos proyectos mineros», dijo.
Destrabe de proyectos
Frente al desafío de destrabar la ejecución de proyectos mineros en el Perú, Ortiz resaltó como una amenaza la minería ilegal. Advirtió además que podría haber un impacto de cara al proceso electoral de 2026.
«La cercanía de las elecciones puede generar incertidumbre en inversionistas (principalmente los extranjeros). Asimismo, el avance de la minería ilegal que bloquea el acceso de nuevos mineros a la formalidad», comentó.
Añadió que la ramificación de la minería ilegal incluso pretende modificar el marco regulatorio de las concesiones mineras que ha sido un pilar para el desarrollo de la industria minera peruana de las últimas décadas.
Rastreo financiero para combatir minería ilegal
Por su parte, Homar Lozano, director del IIMP, ha subrayado la necesidad de fortalecer las estrategias contra la minería ilegal, proponiendo una intervención en la unidad financiera para rastrear el lavado de dinero proveniente de esta actividad ilícita.
Aunque las interdicciones del Estado han logrado decomisar insumos valorizados en más de S/ 2.230 millones, Lozano advierte que estas acciones no son suficientes para erradicar un sector que sigue siendo económicamente poderoso.
“Las interdicciones son importantes, pero la minería ilegal mueve mucho más dinero que eso, y al final, los ilegales volverán a operar”, afirmó Lozano.
El especialista propone implementar un sistema de trazabilidad del oro para identificar los canales de comercialización de los metales extraídos ilegalmente, así como intervenir en las unidades financieras para detectar el flujo de dinero ilícito.
Además, Lozano criticó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), señalando que este sistema ha facilitado la operación de mineros ilegales, otorgándoles incluso impunidad. “Inclusive con ello logran la impunidad, la ley los ampara. El Reinfo es algo que no puede continuar”, expresó.
La minería ilegal no solo representa un problema económico, sino también ambiental y social, al fomentar la explotación laboral y la degradación de ecosistemas.
Por ello, Lozano insiste en que las acciones del Estado deben ser más integrales, combinando interdicciones con estrategias financieras y tecnológicas para cortar de raíz las redes que sostienen esta actividad ilícita.
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