El director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, Guido Valdivia, reiteró su oposición a la creación de un Ministerio de Infraestructura al considerar que no es una salida a la eficiencia de las obras públicas. Asimismo, recalcó la necesidad de fortalecer a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales para concentrarlos en la ejecución de proyectos.
“Se insiste en pensar que una sola institución pueda gestionar una gran cantidad de proyectos como una salida para que la ejecución de obras públicas sea eficiente. Intentar resolver los problemas utilizando las mismas herramientas no funcionará, incluso el año pasado nos manifestó lo mismo la Autoridad Nacional de Infraestructura y ahora lo ponen debajo de este ministerio que va a gestionar once programas de inversión, pero creemos que eso no va a funcionar” dijo.
Indicó que la gestión de infraestructuras está gobernada por reglas que no promueven la ejecución de proyectos, más bien plantean una serie de condiciones burocráticas que retrasan su construcción. Además de la presencia de intermediarios vinculados a la corrupción de Estado.
“Lamentablemente existe una tendencia mayoritaria de nuestro Estado en generar mucha discrecionalidad al momento de decidir qué obra se ejecuta, esto produce que intermediarios sean quienes finalmente influyen en la ejecución o paralización de un proyecto. Desde ahí tenemos un proceso crítico de ineficiencia y falta de calidad, además de corrupción”, expresó.
En ese sentido, recalcó la necesidad de fortalecer a los gobiernos regionales, ya que son los que menos cumplen con ejecutar las obras públicas, lo mismo ocurre con las municipalidades provinciales. Por lo tanto, recomendó concentrar la ejecución de obras en los 25 gobiernos regionales y en los 100 municipios provinciales más grandes.
“El 65% de las obras se ejecutan a través de gobiernos regionales y locales, generalmente son pequeñas o medianas que estarán fuera de la gestión de un Ministerio de Infraestructura. Tenemos que fortalecer el nivel regional, porque hay un problema de asignación que no está caminando, incluso muchas municipalidades tienen recursos sin capacidad de ejecución. Nosotros planteamos la necesidad de concentrar la ejecución en los 25 gobiernos regionales y en las 100 municipalidades provinciales más grandes”, precisó.
Corruptos ya huelen el botín
Entre las entidades que se fusionarían en el MInfra, se encuentra a la neonata Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), así como a diversos frentes sectoriales: desde Agrorural, Pronied y Fondepes, hasta Provías.
Las empresas integrantes del corrupto Club de la Construcción, son más de 25, casi todas activas e impunes ante la justicia, y algunas con nueva razón social, para despistar a algunos «ingenuos», entre las que se pueden mencionar las peruanas Obrainsa, Graña y Montero (ahora AENZA), ICCGSA, JOHESA, Grupo Plaza, Cosapi, San Martín Contratistas Generales, JJ Camet, Málaga Hermanos, H & H Casa, entre otras; y las brasileñas Odebrecht (ahora NOVONOR), OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Mota-Engil, etc.
El «factor»Acuña
¿Cómo nace la «criatura?. Aquí es necesario recordar que la congresista María Grimaneza Acuña Peralta, hermana del gobernador de La Libertad, César Acuña, presentó el 16 de agosto pasado, el proyecto de ley N° 8646 que propone la creación del Ministerio de Infraestructura; sin embargo, llama la atención que dos semanas antes, el 31 de julio, la presidente Dina Boluarte propuso un proyecto de ley similar, con lo que queda evidente qué personaje político ejerce presión sobre el ejecutivo para crear este engendro.
El objetivo del «doctor» César Acuña sería politizar el proceso de selección y la ejecución de proyectos infraestructura con la finalidad de obtener beneficios y lograr la simpatía de la población de La Libertad, ya que, en la práctica, no se ve que ejecute la construcción de obras de envergadura. Todo esto, con la finalidad de asegurar votos en las próximas elecciones regionales y municipales.
Es importante señalar que, según el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024 de la Contraloría, el Gobierno Regional de La Libertad es señalado como una de las instituciones más corruptas de esa región con 60.8 puntos, lo que evidencia por lo menos que es una entidad delincuencial.
A la fecha, la gestión de Acuña mantiene 138 proyectos caducos y abandonados, lo que equivale a que el 51% de las obras presupuestadas en la región están paralizadas; asímismo en su gestión se ha reportado un perjuicio al erario del Estado peruano por más de 7 mil millones de soles (S/ 7,615,436,331).
(Con información de RCR)
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