Para entender la magnitud de la medida conviene dimensionar el universo CAS. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) calcula que el Perú tiene 1,5 millones de servidores públicos, de los cuales 370 mil son CAS., lo que representa aproximadamente el 45% de los empleados públicos si se excluyen las carreras especiales.
Es decir, no estamos hablando de un grupo marginal, sino de casi la mitad de la fuerza laboral estatal, muchos de los cuales trabajan en ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, programas sociales y organismos autónomos. El CAS se convirtió en los últimos 15 años en la válvula de escape del Estado para contratar personal rápidamente, sin el ritual de concursos largos y engorrosos, pero también sin estabilidad ni beneficios plenos.
Hasta ahora, los CAS recibían aguinaldos fijos (S/ 300 por Fiestas Patrias y S/ 300 por Navidad). Con el cambio aprobado, pasarán a percibir gratificaciones equivalentes a un sueldo completo en cada festividad. A ello se suma la propuesta de otorgarles CTS y otros subsidios.
Según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo anual adicional de estos beneficios bordearía los S/ 2,255 millones. Solo las gratificaciones representarían S/ 1,809 millones, mientras que la CTS y otros subsidios sumarían más de S/ 1,000 millones adicionales. Una factura invisible que, de un día para otro, se convierte en obligación permanente del Estado.
El Poder Ejecutivo ya había presentado recientemente un proyecto de ley para otorgar solo CTS a los trabajadores CAS, con eso el impacto sería manejable en vista que ello ya estaba contemplado de alguna manera como un contingente dentro del presupuesto anual, pero el salto de las gratificaciones si cambia el dibujo.
El ministro de economía. Pérez Reyes, ha dicho que se está analizando el costo de la medida bajo la consideración del impacto que tendría en los resultados fiscales; “Hace Ruido” ha dicho dejando entre ver que una alternativa sería observar la norma y llevarla nuevamente el debate congresal.
El impacto no se limita a las entidades del Ejecutivo. La norma se aplicaría también a gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, proyectos especiales y programas estatales. En la práctica, cualquier dependencia pública que haya recurrido a la figura CAS deberá reestructurar sus presupuestos para asumir esta nueva carga.
¿La pregunta clave? ¿De dónde saldrán los recursos? Los gobiernos locales ya operan con presupuestos ajustados, muchos de ellos dependientes de transferencias y fondos condicionados. La medida, por tanto, no solo impacta al Tesoro Público, sino a las arcas municipales y regionales que, en algunos casos, deberán sacrificar inversión para financiar planillas.
El argumento a favor parece irrefutable: trabajadores que cumplen funciones similares deberían gozar de beneficios similares. Nadie puede negar que por años los CAS fueron ciudadanos de segunda en el empleo público, atrapados en contratos renovables a pocos meses y sin acceso a derechos elementales.
Sin embargo, la otra cara del debate es menos emotiva pero igual de real: ¿qué ocurre con los servidores que ingresaron mediante concursos públicos rigurosos? Para ellos, la nueva medida diluye el esfuerzo invertido en superar barreras de mérito y transparencia. La línea entre ingresar al Estado por concurso o por un contrato temporal se vuelve cada vez más difusa, lo que erosiona los incentivos para fortalecer la meritocracia.
La medida también encierra un peligro latente: la pérdida de flexibilidad. Uno de los pocos márgenes de maniobra que tenía el Estado para reorganizar servicios, reducir planillas o ajustar contrataciones en función de coyunturas era justamente el régimen CAS. Al encarecerlo y equipararlo con otros regímenes, cualquier intento de reorganización se volverá más difícil, más caro y más impopular.
El próximo gobierno heredará un aparato estatal con menos capacidad de maniobra, atrapado entre las demandas sindicales, la presión fiscal y la necesidad de modernizar un Estado que ya luce sobredimensionado en varios frentes.
Los economistas liberales lo leen de forma clara: otorgar derechos sin financiamiento sostenible es sembrar una bomba de tiempo fiscal. El gasto corriente se dispara, la inversión pública se reduce y la flexibilidad administrativa se evapora. En tiempos de vacas gordas, las planillas engordadas pasan desapercibidas. En tiempos de crisis, se convierten en un lastre insoportable.
El Estado peruano tiene la tarea pendiente de equilibrar justicia social con responsabilidad fiscal. La pregunta no es si los trabajadores CAS merecen mejores condiciones, sino cómo y cuándo otorgarlas para no hipotecar el futuro del país.
La aprobación congresal es apenas el primer capítulo de esta historia. El verdadero desenlace se escribirá cuando el MEF intente cuadrar las cuentas, cuando los gobiernos regionales y municipales vean sus presupuestos desbordados, y cuando el próximo presidente deba enfrentar el dilema de un Estado que gasta más en sostenerse que en servir a los ciudadanos.
En épocas de bonanza, los compromisos de planilla pasan desapercibidos. Pero cuando la recaudación cae, se convierten en una bomba de tiempo. La historia de la región está llena de ejemplos: Argentina y Brasil han enfrentado crisis fiscales justamente por el peso excesivo del gasto corriente.
¿Está el Perú sembrando su propia trampa? Desde una mirada liberal, la advertencia es clara: los derechos laborales deben estar alineados con la capacidad fiscal. De lo contrario, la justicia de hoy puede ser la crisis de mañana.
El régimen CAS nació en 2008 con un objetivo muy claro: dar flexibilidad al Estado para contratar personal de manera rápida y por tiempo determinado. La idea era cubrir necesidades puntuales sin inflar la planilla pública.
Pero lo que comenzó como una solución transitoria se convirtió en un sistema paralelo que hoy representa casi la mitad del empleo estatal. En ministerios, programas sociales, gobiernos regionales y municipalidades, el CAS se volvió la puerta de entrada más usada.
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