El costo de la inseguridad en el Perú supera el 3 % del Producto Bruto Interno, según estimaciones de BBVA Research. Dicho de otro modo: cada año se esfuman miles de millones de soles, lo suficiente como para financiar varias veces los presupuestos de sectores como Educación, Salud o Infraestructura. Pero la cifra es apenas la punta del iceberg. La verdadera amenaza radica en que este es un riesgo del que todos hablan, pero pocos entienden en su magnitud real. Se le trata como un problema de orden público, cuando en verdad es un factor determinante en la competitividad, el desarrollo y el futuro del país.
En la conversación pública, la inseguridad suele abordarse como una sucesión de titulares: asaltos, secuestros, extorsiones, sicariato. La narrativa mediática se concentra en lo inmediato y lo escandaloso. Sin embargo, lo que está en juego es mucho más grave: la pérdida sostenida de confianza en nuestras instituciones, la erosión del clima de negocios y la percepción de que en el Perú la ley no garantiza seguridad ni justicia.
El turismo es una de las primeras víctimas. Durante décadas, Machu Picchu, el desierto de Ica, el Amazonas o las playas del norte fueron imanes naturales para visitantes de todo el mundo. Hoy, para muchos extranjeros, el Perú aparece en las alertas de viaje de sus gobiernos como un destino de riesgo. Y no se trata solo de percepción: cada turista que decide no venir representa ingresos perdidos para hoteles, restaurantes, guías, transportistas y comunidades enteras que dependen de esta actividad. El golpe económico se multiplica en cadena y, lo que es peor, puede dejar secuelas a largo plazo: un país que pierde reputación como destino seguro no la recupera fácilmente.
Lo mismo ocurre con la inversión extranjera. Un inversionista no se guía únicamente por cifras macroeconómicas, proyecciones de crecimiento o recursos disponibles; analiza el contexto operativo y sus riesgos. Si el crimen obliga a destinar grandes partidas a seguridad privada, seguros, transporte blindado y medidas preventivas, el costo final puede volver inviable un proyecto. Y la competencia es feroz: capitales que hoy podrían estar en el Perú terminan instalándose en países vecinos o incluso más lejanos, donde el entorno es más predecible y seguro.
Aquí surge un problema de visión: demasiadas autoridades interpretan la inseguridad como una variable política que puede explotarse o minimizarse según convenga en la coyuntura. Pero no la conciben como lo que realmente es: una amenaza sistémica que, de no ser controlada, puede provocar un quiebre histórico en nuestro crecimiento. No es solo un tema policial; es un asunto de Estado que afecta directamente el empleo, las exportaciones, el turismo, la recaudación fiscal y la imagen internacional del Perú.
Resolverlo requiere mucho más que operativos espectaculares o anuncios grandilocuentes. Implica liderazgo real y coordinación efectiva entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y, cuando corresponda, las Fuerzas Armadas. Si uno de esos eslabones falla, el sistema entero se debilita. Y en el Perú, la desconfianza hacia estas instituciones es tan alta que el desafío no es solo operativo, sino también de legitimidad.
Se necesita una estrategia nacional, sostenida en el tiempo, blindada contra el cortoplacismo electoral y capaz de medir resultados de forma transparente. La inseguridad no distingue regiones, clases sociales ni ideologías; su avance afecta por igual a una pyme de barrio que a una minera en los Andes o a un exportador agrícola en la costa. Es un impuesto invisible que todos pagamos, y que supera con creces lo que se discute en el Congreso sobre reformas económicas o presupuestos anuales.
El Perú no puede seguir aceptando que la inseguridad le robe más del 3 % de su riqueza cada año. Porque la factura final no solo se mide en dinero, sino en oportunidades perdidas, en jóvenes que migran buscando tranquilidad, en inversionistas que no regresan, en comunidades que dejan de soñar con un futuro mejor.
La inseguridad no se combate con discursos ni con fotografías de autoridades en chalecos antibalas; se combate con determinación, inteligencia y resultados. Y si seguimos tratando este problema como una anécdota policial, el día que despertemos tal vez sea demasiado tarde. Ese día, cuando el Estado haya perdido definitivamente el control, descubriremos que el crimen no solo dejó de temer a la ley, sino que la reemplazó como verdadero poder en las calles.
Es una prueba
Mantente siempre informado con EJECUTIVO TI y conoce el lado mas importante de la noticia. Somos una plataforma de informaciones relacionadas con la coyuntura económica, el accionar empresarial y desarrollo de la tecnología en el país.
Los derechos son reservados. La información puede reproducirse, mencionando la fuente.
Ejecutivo TI es una publicación de Eficacia AMD.
Developed by
