La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), expresó su rechazo al predictamen del Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR, que pretende modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para restringir la participación del sector privado y estatizar la actividad portuaria en el país
La iniciativa, formulada por el congresista Waldemar Cerrón, hermano del prófugo condenado por corrupción Vlladimir Cerrón, será debatida mañana miércoles 21 en la Comisión de Justicia del Parlamento, que preside el congresista Isaac Mita, del partido Perú Libre.
En comunicado, el gremio manifiesta que esta propuesta legislativa representa un grave retroceso que contradice los avances alcanzados en los últimos 20 años en cuanto a modernización, eficiencia y competitividad portuaria, poniendo en riesgo los proyectos actuales y futuros que apuntalan el comercio exterior peruano; y, por ende, el desarrollo del país.
«Gracias a la participación privada, el Perú ha logrado mejoras sustanciales en su sistema portuario, movemos 72% más que el 2011 en carga suelta, casi el doble en contenedores que el 2011, 3.5 millones de TEUS, más de US$2,300 millones en inversión ejecutada, con proyección a llegar a US$3,500 millones y se han generado 50,000 empleos directos e indirectos», indicó.
AFIN argumentó que la iniciativa plantea que la actividad portuaria no puede tener participación del sector privado y que el Estado solo puede asociarse hasta por un 40% y por el plazo de 10 años, sin mayor ni motivación ni justificación alguna. Dijo que con este criterio, no se hubiese podido desarrollar el puerto de Chancay, por ejemplo.
«La historia reciente del país ha demostrado que cuando el Estado asume un rol empresarial, lo hace con criterios políticos y eso originó la antigua historia de ENAPU o la actual de Petroperú que terminan convirtiéndose en un lastre para todos los peruanos», resaltaron.
El proyecto también presenta serios cuestionamientos legales, pues desconoce la existencia de contratos de concesión vigentes, compromisos firmes de inversión privada y el marco jurídico que protege la estabilidad de las inversiones. Modificar arbitrariamente estas reglas no solo ahuyenta nuevos proyectos, sino que puede generar controversias legales y afectar la credibilidad del país.
Por ello, AFIN exhortó a la Comisión de Justicia del Congreso a archivar este proyecto de ley, por ser contrario al interés nacional, debilitar el sistema portuario y frenar la competitividad del Perú en un contexto internacional donde se necesitan señales claras a favor del crecimiento económico.
«El país no necesita más empresas públicas sin rumbo ni eficiencia. Necesita más inversión, conectividad y desarrollo logístico para integrarse al mundo», concluyó el gremio.
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