Hay una manera política de mirar lo que está ocurriendo hoy en el Congreso y hay otra, quizá más interesante para un diario de negocios.
La primera pregunta es si el Gobierno de Keiko Fujimori conseguirá o no las facultades legislativas que solicitó. La segunda es bastante más concreta: ¿qué capacidad tendrá el Ejecutivo para modificar las reglas que afectan directamente la inversión y la actividad empresarial durante los próximos meses?
Es esta segunda pregunta la que puede terminar teniendo consecuencias mucho más visibles fuera del Congreso.
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados retoma este miércoles el debate del predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo la solicitud del Poder Ejecutivo. La sesión está convocada desde las 9 de la mañana, después de que el martes la comisión apenas avanzara en una parte del extenso documento. El pedido gubernamental contempla una delegación de facultades por 120 días y comprende 66 medidas agrupadas en ocho grandes materias.
El problema es que, para el mundo empresarial, esas 66 medidas no son 66 asuntos aislados. Detrás de ellas aparece una discusión bastante más amplia sobre cómo funcionará el Estado peruano frente a las inversiones que el propio Gobierno está intentando atraer.
El Ejecutivo ha solicitado facultades para intervenir en materias que van desde seguridad ciudadana, legislación penal y régimen penitenciario hasta promoción de las micro y pequeñas empresas, empleo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas y transformación digital.
Pero la parte económica del pedido es todavía más extensa, y Incluye desarrollo productivo, innovación, agricultura y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesca y acuicultura, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, asuntos ambientales, recursos naturales e infraestructura productiva industrial. También comprende materias tributarias y aduaneras, facilitación del comercio y la implementación de acuerdos comerciales, además de reforma, organización y modernización del Estado, servicio civil, vivienda y saneamiento.
Dicho de otra manera, si usted mira esta discusión desde una empresa que quiere invertir en Perú, la pregunta no es simplemente si el Gobierno tendrá permiso para emitir decretos legislativos.
La pregunta es qué reglas podrían cambiar y cuánto podría tardar en producirse ese cambio. Y allí aparece uno de los puntos centrales de la discusión: la simplificación administrativa.
Una inversión puede tener financiamiento, mercado, tecnología y rentabilidad, pero todavía puede quedar detenida durante meses o años si necesita atravesar una cadena excesivamente larga de permisos, autorizaciones, opiniones sectoriales y procedimientos administrativos.
El propio Ministerio de Energía y Minas acaba de plantear la posibilidad de eliminar 27 de los 96 permisos que actualmente otorga para determinados procesos mineros y simplificar otros 14. El ministro Guillermo Shinno señaló que se busca avanzar hacia mecanismos como declaraciones juradas con aprobación automática, aunque manteniendo la rigurosidad ambiental correspondiente.
La coincidencia es importante, el Gobierno está intentando atraer capital para minería, infraestructura, energía y otros sectores, mientras que paralelamente busca reducir los tiempos y trámites que enfrentan esas inversiones. Si una delegación de facultades permitiera avanzar con modificaciones de ese tipo, podría tener un efecto que una discusión parlamentaria difícilmente refleja en sus titulares: reducir el tiempo entre el anuncio de una inversión y el momento en que realmente puede comenzar a ejecutarse.
Y eso importa especialmente ahora que Perú está intentando presentarse ante capitales extranjeros como una plataforma para nuevos proyectos.
Hace apenas unos días, la presidenta Keiko Fujimori presentó en Nueva York una cartera de proyectos y oportunidades de inversión ante empresarios e inversionistas internacionales, destacando particularmente minería y comercio exterior y la posibilidad de convertir al Perú en una plataforma logística y productiva sobre el Pacífico sudamericano.
Aquí aparece una paradoja que el sector privado seguramente seguirá con atención.
Perú puede ofrecer proyectos atractivos al inversionista internacional, pero también necesita demostrar que puede ejecutarlos con velocidad y previsibilidad.
La discusión también puede tener consecuencias en sectores donde el Gobierno está intentando acelerar inversiones.
Minería es quizá el ejemplo más evidente. Perú necesita mantener una cartera de proyectos suficientemente atractiva para sostener su posición como productor mundial de minerales y, al mismo tiempo, competir por capital en un escenario internacional donde cobre, litio y otros minerales estratégicos están adquiriendo una importancia creciente.
Pero una empresa minera no evalúa únicamente cuánto mineral existe en el subsuelo, también evalúa permisos, infraestructura, agua, energía, estabilidad regulatoria, impuestos, logística, seguridad y tiempo de ejecución.
Lo mismo ocurre con un proyecto industrial; una compañía extranjera que analiza instalar una planta en Perú necesita saber cuánto tardará en obtener autorizaciones, cómo funcionará su relación con las autoridades, qué obligaciones tributarias tendrá, cómo podrá importar maquinaria y cómo podrá exportar su producción.
Por eso, materias que en el debate parlamentario pueden parecer técnicas —calidad regulatoria, barreras burocráticas, aduanas, transformación digital o modernización del Estado— pueden terminar siendo determinantes para una decisión de inversión.
Hay otro componente particularmente importante. El pedido incluye materias tributarias, aduaneras y de facilitación del comercio, así como la implementación de acuerdos comerciales.
Esto adquiere relevancia en un momento en que Perú intenta aprovechar su posición geográfica y sus grandes proyectos logísticos.
Chancay, el puerto del Callao, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y la conexión con los mercados asiáticos forman parte de una transformación que podría modificar progresivamente la manera en que empresas peruanas y extranjeras utilizan al país como plataforma comercial.
Pero una infraestructura moderna necesita procedimientos igualmente modernos, no sirve de mucho reducir horas de transporte si la mercadería permanece detenida innecesariamente en un procedimiento administrativo. Tampoco basta con construir una nueva capacidad portuaria si las empresas encuentran dificultades para importar equipos, procesar mercancías o exportar productos.
Por eso, para el sector privado, la facilitación del comercio puede ser tan importante como la construcción de la infraestructura física.
Aquí comienza la parte más interesante de la jornada. El predictamen de la Comisión de Constitución recomienda rechazar y archivar el pedido completo. Según Gestión, de las 12 comisiones ordinarias que emitieron opinión sobre la propuesta, ocho se pronunciaron en contra y cuatro a favor.
Pero el escenario no necesariamente termina allí. Durante el debate surgieron propuestas para modificar el predictamen y otorgar determinadas facultades de manera más acotada. El Comercio informó que Fuerza Popular ha adelantado que elaborará un dictamen en minoría, mientras que otras bancadas han planteado textos sustitutorios.
Esto abre una posibilidad distinta a las dos alternativas más simples: aprobar todo o rechazar todo. El Congreso podría terminar construyendo un paquete mucho más reducido.
Y, desde el punto de vista empresarial, allí estará probablemente la parte más importante de la discusión. Porque no todas las facultades tienen el mismo impacto económico.
No es lo mismo delegar facultades para determinadas medidas de seguridad que permitir al Ejecutivo modificar procedimientos administrativos, eliminar barreras burocráticas, introducir cambios tributarios o aduaneros, modificar reglas relacionadas con minería y energía o acelerar procesos vinculados con infraestructura y desarrollo productivo.
Si el debate termina derivando hacia un paquete reducido, habrá que observar algo más que el número de facultades aprobadas.
Una delegación concentrada en simplificación administrativa y eliminación de barreras podría afectar directamente los tiempos de inversión. Una orientada a minería y energía podría modificar condiciones para nuevos proyectos.
Una centrada en tributación y aduanas podría cambiar costos y procedimientos para empresas que importan, exportan o realizan operaciones internacionales.
Una que incluya transformación digital y modernización del Estado podría tener efectos sobre la relación cotidiana entre las compañías y las entidades públicas.
Y una que abarque MYPE, empleo y promoción productiva podría incidir especialmente en las empresas nacionales que todavía encuentran dificultades para formalizarse, crecer y acceder a mercados mayores.
Por eso, la eventual aprobación de facultades no debería medirse únicamente por la cantidad de materias delegadas, sino por la capacidad de esas materias para remover obstáculos concretos a la inversión y la producción.
Hay además una dimensión que puede resultar incluso más importante que el contenido específico de cada decreto.
Perú está buscando atraer inversiones de Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y otros mercados. En las últimas semanas hemos visto cómo el Gobierno presenta proyectos, busca capital y promociona al país como plataforma minera, logística, energética e industrial.
Pero un inversionista extranjero también observa cómo funciona el proceso político que permite convertir esas promesas en reglas.
Si una empresa está evaluando una inversión de cientos de millones de dólares, necesita saber no solamente qué ofrece Perú hoy, sino qué tan previsible será el entorno regulatorio durante los próximos años.
Esa es una de las razones por las que la discusión de hoy tiene una importancia empresarial que va mucho más allá del hemiciclo.
Incluso si el pedido original fuera archivado, los problemas que el Ejecutivo intenta resolver seguirían existiendo.
Los trámites seguirían siendo trámites. Las barreras burocráticas continuarían allí donde existan. Los proyectos mineros seguirían necesitando permisos. Las empresas continuarían enfrentando procedimientos tributarios y aduaneros. La transformación digital del Estado seguiría siendo necesaria.
La diferencia estaría en quién, cómo y cuándo puede modificar esas reglas.
El Gobierno de Keiko Fujimori solicitó 120 días para legislar sobre un conjunto muy amplio de materias. La Comisión de Constitución ha planteado, por ahora, archivar el pedido. Pero dentro del Congreso también existen voces que consideran necesario encontrar una fórmula más acotada.
Por eso, la noticia empresarial de hoy no debería titularse simplemente “Congreso rechaza” o “Congreso aprueba facultades”.
La noticia será mucho más relevante cuando sepamos qué herramientas quedan finalmente en manos del Ejecutivo para intentar convertir su programa de inversiones, simplificación y desarrollo productivo en decisiones concretas.
Porque después de las presentaciones internacionales vienen los proyectos, después de los proyectos vienen los permisos, y después de los permisos viene la inversión real.
Ahí es donde las facultades legislativas dejan de ser un asunto exclusivamente político y empiezan a convertirse en una variable que las empresas también tendrán que mirar.
La pregunta que queda abierta es sencilla: si el Congreso recorta el pedido del Gobierno, ¿qué parte de la agenda destinada a destrabar inversiones sobrevivirá y cuánto cambiará eso la velocidad con la que Perú puede pasar de anunciar oportunidades a ejecutarlas?
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