En el Perú, el tamaño del Estado ha dejado de ser solo un tema técnico para convertirse en una discusión casi existencial. Durante décadas, cada gobierno ha sumado capas a una estructura que, lejos de simplificarse, se ha vuelto más compleja, más pesada y, en muchos casos, menos eficiente. Ministerios, programas, oficinas y organismos han ido creciendo no siempre por necesidad funcional, sino muchas veces como respuesta a coyunturas políticas, presiones sectoriales o, en el peor de los casos, como espacios de reparto de poder.
En ese proceso, el Estado no solo se expandió: también cambió de naturaleza.
Para muchos críticos, el Estado dejó de ser únicamente un proveedor de servicios públicos para convertirse, en parte, en una plataforma de empleo político que se renueva cada cinco años. Con cada cambio de gobierno, nuevas capas de funcionarios ingresan, otras se reacomodan y pocas desaparecen realmente. El resultado es una estructura donde conviven funciones esenciales con otras que, lejos de facilitar la vida del ciudadano, la complican.
Trámites redundantes, regulaciones superpuestas, oficinas con competencias difusas. Todo ello configura una sensación extendida: la de un Estado que no solo es grande, sino que muchas veces entorpece en lugar de facilitar.
En ese contexto, la propuesta de reducir el número de ministerios a seis —impulsada por el candidato puntero en las encuestas— aparece como una respuesta radical a un problema acumulado durante años. La idea es clara: cortar de raíz la fragmentación, eliminar duplicidades y construir un Estado más compacto, más controlable y, en teoría, menos vulnerable a la corrupción.
Pero lo que en el discurso suena a simplificación, en la práctica es una de las operaciones más complejas que puede intentar un país.
Porque desmontar el Estado no es como cerrar oficinas privadas. Cada ministerio concentra no solo funciones, sino también presupuestos, contratos, personal, sistemas tecnológicos y equilibrios políticos. Alterar ese entramado implica redefinir cómo se toman decisiones, quién las toma y bajo qué reglas.
Y todo eso tiene un costo significativo.
Las estimaciones más razonables sitúan la factura de una reforma de esta magnitud entre los US$4,000 y 6,000 millones, con escenarios que podrían escalar incluso hasta los US$10,000 millones. Es un gasto que no se traduce en obras visibles, pero sí en una transformación interna profunda: indemnizaciones, reorganización laboral, integración tecnológica, rediseño institucional y procesos legales inevitables.
Gran parte de ese costo está en las personas. Durante años, el crecimiento del Estado ha generado una dualidad cada vez más evidente en el mercado laboral peruano: por un lado, trabajadores del sector privado sujetos a competencia, productividad y riesgo; por otro, un segmento del empleo público que, en muchos casos, ofrece estabilidad, beneficios comparables o superiores y menores exigencias de desempeño.
No se trata de generalizar —el Estado también alberga profesionales altamente capacitados—, pero sí de reconocer una percepción extendida: la de que una parte del aparato público ha crecido sin que necesariamente aumente su capacidad real de generar valor. En ese contexto, cualquier intento de reducción enfrenta no solo un desafío técnico, sino también una resistencia social y política considerable.
Pero el dinero y el empleo son solo una parte de la historia. La otra parte tiene que ver con el poder. No se preocupe, esté atento/a porque eso lo veremos en la siguiente entrega.
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