Lo que antes parecía un problema lejano para los grandes conglomerados, ahora afecta hasta a los más pequeños. En barrios populares y zonas de clase media, bodegas, ferreterías e incluso farmacias enfrentan constantes amenazas y extorsiones. «Pagar cupos» se ha convertido en una práctica forzada para poder abrir las puertas diariamente.
Para estas microempresas, los gastos en rejas, cámaras básicas y en algunos casos sistemas de alarma, representan un aumento de entre el 5% y el 15% en su margen operativo. «Si no gastamos en seguridad, nos arriesgamos a cerrar», comenta Martín Torres, dueño de una pequeña tienda en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Los números no mienten. Negocios medianos como restaurantes y supermercados están destinando hasta el 20% más de su presupuesto a seguridad: guardias privados, cámaras de vigilancia y sistemas de monitoreo en tiempo real ya no son opcionales, sino imprescindibles.
Por su parte, las grandes empresas como las mineras o bancos no escapan a esta realidad. Las operaciones en áreas remotas y el transporte de productos de alto valor requieren caravanas escoltadas y tecnologías avanzadas, elevando sus gastos de protección hasta un 30%.
El aumento en los costos no solo golpea los balances empresariales; también genera un efecto dominó en la economía. La subida en los precios de productos y servicios ya es palpable, mientras que pequeñas y medianas empresas, incapaces de sostener los gastos extras, optan por cerrar sus negocios, afectando el empleo y el consumo.
«Si esto sigue así, las inversiones se irán. Ninguna empresa quiere operar en un país donde protegerse cuesta casi lo mismo que crecer», advierte un especialista en gestión de riesgos.
El gobierno, en medio de un entramado legal que limita sus acciones y prioriza una protección mal entendida de los derechos humanos, admite que un cambio estructural no es viable en el corto plazo. Las proyecciones son poco alentadoras: si la inseguridad no se reduce, los costos en seguridad empresarial podrían dispararse un 15% adicional para 2026.
La inseguridad no es solo un problema social, sino un desafío económico de gran magnitud. Mientras las empresas luchan por sobrevivir, es claro que la solución requiere una estrategia estatal robusta y decidida, que ataque las raíces del problema y devuelva la confianza tanto a los ciudadanos como al sector empresarial. Hasta entonces, la seguridad seguirá siendo una factura cara de pagar.
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