El Instituto Emisor proyectó que la economía peruana registraría una moderación en su ritmo de crecimiento durante el 2026, año electoral, aunque mantendría un avance de 2.9%, según su último Reporte de Inflación.
Durante una teleconferencia, el Gerente Central de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas, informó que los indicadores muestran un desempeño favorable, con un crecimiento de 3.3% en el primer semestre y señales de continuidad de ese dinamismo en el tercer trimestre.
Armas destacó además que el entorno internacional ha sido positivo debido a revisiones al alza de los precios de los commodities, lo que ha contribuido a un mejor contexto para la economía peruana.
El funcionario explicó que la proyección de 2.9% para el 2026 ya incorpora la posibilidad de una desaceleración asociada al proceso electoral, un patrón que suele observarse en estos periodos por la mayor cautela en la toma de decisiones económicas.
“Las proyecciones del banco contemplan una moderación del crecimiento para el 2026, aunque este se mantendría en tasas importantes”, indicó. Señaló que las estimaciones se actualizarán mensualmente conforme haya más información disponible.
Armas resaltó que la economía viene mostrando una dinámica que no se veía hace años, con altos niveles de confianza del consumidor, recuperación del empleo, aumento de la masa salarial y un crecimiento de la inversión privada de 9% en el primer semestre. Para el tercer trimestre, añadió, se espera una tasa similar o incluso mayor.
El BCR reiteró que la moderación prevista responde a factores típicos de un periodo electoral, mientras que la evolución mensual permitirá ajustar las proyecciones de acuerdo con el comportamiento de la actividad económica.
ILEGALIDAD E INSEGURIDAD
Sin embargo, algunas decisiones con sesgo político que vienen tomando las bancadas en el Congreso, pondrían en peligro el futuro bienestar económico y social del país. Julia Torreblanca, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dijo que la aprobación para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 2027 es una de ellas. “El Reinfo ha venido siendo usado como un escudo contra la legalidad. Se ha convertido solamente en un cascarón para proteger a los ilegales”, declaró.
Explicó que la inscripción en el Reinfo solo es una etapa transitoria dentro del proceso de formalización. “El Reinfo no es un permiso para desarrollar minería por siempre, es un permiso que debió ya haber terminado porque solamente era en la etapa transitoria para poder cumplir con requisitos mínimos y luego integrarse al régimen común para lograr desarrollar minería de manera formal”, puntualizó.
Precisó que los mineros ilegales están usando el Reinfo para desarrollar minería en zonas prohibidas y sin control alguno por las autoridades. “Lo están usando para que la policía ni el Ministerio Público puedan denunciarlos, cuando no se preocupan de revisar si el Reinfo está vigente, si está cumpliendo con las normas y si es que está desarrollando la actividad minera en el lugar donde está autorizado el Reinfo”, apuntó.
Por su parte, la presidente del Capítulo de Ingeniería Geológica del Colegio de Ingenieros del Perú, Sandra Ramírez Arias, advirtió que la insistencia del Congreso de la República en ampliar el Reinfo por dos años más, y dejar sin efecto la exclusión de más de 50,000 personas que no cumplieron con el proceso de formalización, genera un riesgo enorme de inseguridad para la población peruana.
Ramírez Arias manifestó que el Reinfo debe culminar el 31 de diciembre de este año, como estaba estipulado, pues su extensión avala la ilegalidad en la minería y contribuye al incremento de la inseguridad en el país.
Agregó que el gremio de geología no está de acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas, el cual extiende el Reinfo hasta el 2027, considerando esta acción contraproducente para la paz nacional.
Ramírez Arias, planteó como solución que el Reinfo finalice el 31 de diciembre y que se continúe con la evaluación de los expedientes de aquellos que están en proceso de formalización y tienen la intención de formalizarse, diferenciando estrictamente entre informalidad e ilegalidad.
Explicó que la minería ilegal implica la invasión de concesiones que operan dentro de la formalidad y contribuyen al Estado peruano mediante el pago de derechos. Agregó que los invasores ilegales generan pasivos ambientales que, por ley, deben ser asumidos por el titular de la concesión formal. Señaló que esta situación avala la ilegalidad, pues no solo se extrae mineral ilícitamente, sino que también se genera delincuencia, matanzas y se ataca la paz social, constituyendo una falta grave e inconstitucional al estado de derecho en el país.
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