Seguridad, infraestructura educativa, prevención frente a El Niño y reforma del Estado concentran una nueva agenda de cooperación. El desafío será pasar del financiamiento y la asistencia técnica a proyectos ejecutados, servicios públicos de calidad y mayor productividad.
Perú está intentando convertir a los organismos multilaterales en algo más que proveedores de crédito. La nueva agenda de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), complementada por el respaldo ofrecido por CAF, coloca sobre la mesa cuatro problemas que durante años han limitado la capacidad del Estado para transformar recursos en resultados: inseguridad, infraestructura vulnerable, brechas educativas y una administración pública con dificultades para ejecutar inversiones.
La presidenta Keiko Fujimori se reunió en Palacio de Gobierno con una misión del Grupo BID encabezada por Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional, para avanzar en proyectos relacionados con seguridad ciudadana, prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño, infraestructura educativa y modernización del Estado. El encuentro dio continuidad a la reunión que la mandataria sostuvo días antes en Nueva York con el presidente del BID, Ilan Goldfajn.
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, resumió la agenda en cuatro áreas: educación, infraestructura, prevención ante El Niño y modernización del Estado. La diferencia respecto de una cooperación convencional está en la intención de vincular asistencia técnica, financiamiento y capacidad de ejecución. Ese último punto es crucial. Perú no enfrenta únicamente una restricción de recursos. También enfrenta una restricción de gestión.
El Banco Mundial acaba de identificar entre los principales problemas estructurales del país la baja ejecución y gestión pública: cerca de la mitad de los proyectos públicos iniciados desde 2012 se encuentran paralizados o abandonados. El organismo plantea que el fortalecimiento institucional y la productividad son condiciones necesarias para que el crecimiento cercano al 3% pueda acercarse a su potencial.
Seguridad: de la emergencia a la infraestructura
La seguridad ciudadana es probablemente el frente donde la agenda de inversión adquiere una dimensión económica más evidente. El Gobierno ha planteado al BID la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura penitenciaria, pero la cooperación contempla también fortalecer las capacidades de investigación criminal de la Policía Nacional y mejorar la seguridad en los pasos fronterizos. El BID, de hecho, aprobó en agosto una cooperación técnica para fortalecer las capacidades del Ministerio del Interior, la Policía y las instituciones del sistema de justicia penal frente a homicidios, extorsión y criminalidad organizada.
La infraestructura penitenciaria aparece además como un área donde otros organismos multilaterales pueden complementar al BID. CAF informó que ha puesto a disposición del Gobierno peruano su capacidad financiera y técnica y señaló que trabaja en una línea de financiamiento de hasta US$800 millones para infraestructura penitenciaria, además de iniciativas vinculadas con resiliencia frente a El Niño, agua, saneamiento, conectividad e infraestructura.
El problema, sin embargo, no se resuelve construyendo más cárceles. La inversión deberá estar acompañada por inteligencia, investigación criminal, gestión penitenciaria y coordinación entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y sistema penitenciario.
La economía también paga la factura de la inseguridad. Extorsión, robo, informalidad y deterioro de los espacios urbanos elevan los costos de operación de las empresas, reducen incentivos para invertir y afectan especialmente a pequeños negocios.
El Niño: gastar antes para no pagar después
El segundo frente tiene una lógica económica distinta. En prevención de desastres, el costo más alto suele aparecer cuando el Estado llega tarde. El Gobierno acaba de transferir S/373 millones al Ministerio de Educación para financiar medidas de prevención y mitigación frente al fenómeno El Niño 2026-2027. De ese monto, S/370,6 millones corresponden a gastos de capital destinados principalmente a activos no financieros.
La dimensión del desafío es considerable. El Ministerio de Educación ha identificado miles de locales educativos expuestos y ha planteado intervenciones preventivas en regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Lima Provincias. Además, el Ejecutivo ha habilitado mecanismos para utilizar Obras por Impuestos en intervenciones de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación frente al fenómeno El Niño. El objetivo es incorporar capacidad de financiamiento y ejecución privada para reducir la exposición de la población y de la infraestructura pública.
Aquí la cooperación del BID puede tener un efecto multiplicador: aportar financiamiento, conocimiento técnico y mecanismos de planificación que permitan pasar de una política reactiva a una política permanente de resiliencia. Para Perú, acostumbrado a enfrentar lluvias intensas, inundaciones y daños de infraestructura como emergencias recurrentes, invertir antes del desastre puede ser financieramente más eficiente que reconstruir después.
Educación: la inversión que debe sobrevivir al ciclo político
El tercer eje es la infraestructura educativa, una de las mayores brechas de capital físico y humano del país. El Gobierno presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031, que incluye construcción de nuevos colegios, conectividad, actualización curricular y fortalecimiento docente. El BID participa en el diálogo técnico para establecer una hoja de ruta y recoger experiencias internacionales, entre ellas modelos de formación docente y escuelas con gestión autónoma.
La agenda también contempla evaluar mecanismos como asociaciones público-privadas, Obras por Impuestos, Obras por Servicios e inversión pública directa para construir y mantener infraestructura educativa. No es un detalle menor. El desafío peruano no consiste solamente en levantar colegios nuevos. Consiste en garantizar que las edificaciones sean mantenidas, que tengan conectividad, servicios adecuados y capacidad para funcionar frente a eventos climáticos.
Una señal concreta apareció en septiembre, cuando ProInversión adjudicó un proyecto APP para reconstruir integralmente 13 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. La iniciativa contempla 679 nuevas aulas y beneficiará a más de 29.000 estudiantes, bajo un esquema que incluye construcción y mantenimiento por 20 años.
Ese modelo apunta a una discusión más amplia: Perú necesita dejar de medir la inversión solamente por cuánto dinero se compromete y empezar a medirla por cuánto tiempo permanece funcionando el activo construido.
Reforma del Estado: el cuello de botella invisible
El cuarto eje puede terminar siendo el más determinante. El BID está colaborando con el Gobierno en la modernización del Estado y en la implementación de una Unidad de Cumplimiento y una Unidad de Destrabe Administrativo en la Secretaría Estratégica Presidencial.
La idea apunta al principal problema que suele aparecer después del anuncio de una inversión: permisos, expedientes, modificaciones, procesos de contratación, falta de coordinación y cambios de prioridades que terminan retrasando los proyectos. Perú mantiene una cartera de 28 préstamos de inversión contratados con el BID, en sectores como transporte, saneamiento, salud, justicia y agricultura. El propio Gobierno ha planteado la necesidad de acelerar la ejecución de esta cartera y los desembolsos comprometidos.
Ese dato permite entender dónde está la oportunidad. El país no necesita únicamente conseguir nuevos créditos. Necesita utilizar mejor los que ya tiene contratados. La cooperación multilateral funciona cuando el dinero viene acompañado de estándares de gestión, evaluación, transparencia y seguimiento. En ese sentido, los organismos internacionales pueden aportar algo que al Estado peruano le cuesta construir internamente: continuidad institucional.
El capital existe. La pregunta es quién puede ejecutarlo
La agenda con el BID y CAF llega en un momento en que Perú busca sostener el crecimiento, atraer inversión privada y cerrar brechas de infraestructura sin deteriorar su posición fiscal.
El BID aporta financiamiento y conocimiento técnico. CAF ofrece una capacidad adicional de movilización de recursos, incluyendo proyectos de infraestructura penitenciaria y resiliencia. El sector privado puede participar mediante APP y Obras por Impuestos. El Estado, finalmente, debe ordenar las prioridades, formular proyectos y ejecutarlos.
La combinación puede ser potente. Pero también puede reproducir el problema histórico peruano: anuncios ambiciosos, recursos disponibles y obras que avanzan lentamente.
El desafío de la administración Fujimori será convertir la cooperación internacional en una cadena de proyectos con cronogramas, responsables y resultados verificables. En seguridad, eso significa menos énfasis en la obra física aislada y más integración entre inteligencia, Policía, justicia y sistema penitenciario. En educación, significa infraestructura acompañada de calidad y mantenimiento. Frente a El Niño, significa prevención antes que reconstrucción. Y en la reforma del Estado, significa reducir los tiempos que separan una decisión política de una obra terminada.
La verdadera prueba del acuerdo con el BID no será la firma de nuevos compromisos financieros. Será el momento en que un colegio abra sus puertas, una obra de prevención esté terminada antes de las lluvias, un proyecto deje de estar paralizado o una nueva infraestructura penitenciaria empiece a operar.
Ahí se medirá el retorno económico de la cooperación.
Es una prueba
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