Durante años, la inseguridad en el Perú fue tratada principalmente como un problema de seguridad ciudadana. Homicidios, asaltos, extorsiones y robos aparecían en las páginas policiales mientras las páginas económicas hablaban de crecimiento, inversión, minería, infraestructura o consumo, pero ahora esa separación empieza a perder sentido.
Una actualización publicada en junio de 2026 por la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos coloca directamente el problema de la criminalidad dentro del entorno empresarial peruano. El organismo advierte que el país enfrenta graves amenazas internas derivadas del aumento del crimen y la violencia vinculados al narcotráfico organizado y la minería ilegal.
Pero hay algo más importante para los inversionistas: Estados Unidos señala expresamente que los altos niveles de homicidio, robo, robo de carga y extorsión afectan a empresas de distintos sectores y que, como consecuencia, las compañías enfrentan costos importantes para adoptar medidas de protección que permitan mantener sus operaciones seguras.
La observación cambia la naturaleza del debate. Ya no se trata solamente de cuántos delitos se producen, sino de cuánto le cuesta a una empresa operar en un entorno donde necesita invertir más en vigilancia, transporte seguro, tecnología, seguros, controles internos y protección de sus trabajadores y activos.
El problema es que buena parte del costo económico de la delincuencia no aparece en una sola estadística. Una empresa puede contratar más vigilantes, instalar cámaras, colocar sistemas de geolocalización en sus vehículos, modificar rutas de distribución, restringir horarios, asegurar sus instalaciones o pagar primas de seguros más elevadas. Puede también asumir pérdidas por mercancía robada, interrupciones en el transporte o extorsiones, pero existen otros costos menos visibles.
Una compañía puede decidir no instalar una planta en determinada zona. Un operador logístico puede evitar una ruta. Una empresa extranjera puede exigir mayores garantías antes de desembolsar capital. Un proyecto puede necesitar un presupuesto adicional para seguridad. En todos esos casos, la inseguridad no necesariamente cancela una inversión. Puede hacerla más cara, más lenta o menos rentable.
Y ese es precisamente el punto que debería comenzar a preocupar a quienes diseñan las políticas de competitividad del país.
El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece una dimensión regional del problema. Según el organismo, el crimen y la violencia tienen un costo equivalente a alrededor de 3,4% del PBI de América Latina y el Caribe cada año, considerando costos sociales, gasto público y recursos destinados por hogares y empresas a enfrentar la inseguridad. El propio BID advierte que el crimen eleva el costo de hacer negocios y puede afectar el crecimiento económico.
No significa que ese 3,4% pueda trasladarse directamente al Perú. Las estructuras criminales, tasas de victimización, instituciones y niveles de gasto son diferentes en cada país. Pero sí proporciona una referencia del tamaño económico que puede alcanzar la inseguridad cuando deja de ser un fenómeno exclusivamente social y comienza a absorber recursos productivos.
Lo más interesante es que el problema de seguridad convive con una realidad completamente distinta: Perú continúa siendo considerado un mercado atractivo para la inversión privada.
El Departamento de Estado estadounidense señala en su Investment Climate Statement que Perú mantiene un entorno abierto a la inversión y que la inversión privada representó 76,4% de la inversión total del país en 2024.
La lectura correcta, por tanto, no es que la delincuencia haya convertido al Perú en un destino inviable para los inversionistas. La situación es más compleja. Perú mantiene ventajas importantes: recursos minerales estratégicos, posición geográfica, apertura comercial, estabilidad macroeconómica y oportunidades en minería, infraestructura, energía, agroexportación y servicios, pero esas ventajas compiten con un costo creciente: el costo de operar en un entorno inseguro.
Para un inversionista internacional, la pregunta no necesariamente es solamente cuánto cuesta construir una planta, abrir una tienda o desarrollar una mina. También puede ser cuánto costará protegerla. Y esa variable puede terminar incorporándose al cálculo de rentabilidad.
La extorsión merece una atención especial porque tiene una característica diferente al robo tradicional. No necesariamente busca apropiarse de un activo determinado. Busca convertir la actividad económica misma en una fuente permanente de ingresos criminales.
Un transportista puede ser obligado a pagar para circular. Un comerciante puede recibir amenazas para continuar operando. Una empresa puede enfrentar presiones sobre sus trabajadores, locales o proveedores.
Desde el punto de vista económico, esto introduce un costo recurrente. Y cuanto más extendido está el fenómeno, mayor puede ser su impacto sobre pequeñas empresas, cadenas de distribución y servicios que dependen de operar diariamente.
Para las grandes compañías, el problema puede traducirse en mayores presupuestos de seguridad. Para las pequeñas y medianas empresas, puede significar algo mucho más grave: reducir operaciones, cerrar establecimientos o abandonar determinadas zonas.
La preocupación tampoco se limita a los informes comerciales estadounidenses, por ejemplo,el BID aprobó el 26 de agosto de 2026 una cooperación técnica para fortalecer las capacidades de las instituciones peruanas frente a homicidios, extorsión y otras formas de crimen organizado. El proyecto busca mejorar las capacidades del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las instituciones del sistema de justicia para prevenir, investigar y reducir estos delitos.
Cuando organismos internacionales comienzan a destinar recursos y asistencia técnica a mejorar la respuesta frente a homicidios, extorsión y crimen organizado, la discusión deja de ser exclusivamente policial. También pasa a ser una discusión sobre la capacidad institucional del Estado para garantizar las condiciones necesarias para la actividad económica.
Perú compite por capital con otros países. Es usual que un inversionista puede comparar costos laborales, impuestos, energía, infraestructura, acceso a mercados, estabilidad jurídica y disponibilidad de recursos naturales. Pero también puede comparar seguridad.
Si dos países ofrecen condiciones económicas similares y uno de ellos requiere menos gasto para proteger instalaciones, trabajadores y mercancías, la seguridad puede convertirse en una ventaja competitiva.
No basta con preguntarse cuántos policías adicionales necesita el país o cuántas cámaras deben instalarse. También habría que preguntarse cuánto está costando la inseguridad a las empresas, cuánto dinero se está destinando a protección privada, qué sectores son los más afectados y qué inversiones están siendo postergadas o rediseñadas por razones de seguridad.
La información existe parcialmente, pero está dispersa y ahí aparece una tarea pendiente para el Perú: medir el costo empresarial de la inseguridad.
Porque mientras el país busca atraer miles de millones de dólares para minería, infraestructura, energía y nuevas industrias, existe una factura menos visible que también está creciendo. Es la factura de proteger el capital que ya está aquí y el capital que se quiere atraer.
La conclusión no debería ser que la delincuencia está expulsando automáticamente la inversión extranjera. Las evidencias disponibles no permiten sostener una afirmación tan categórica, pero sí permiten decir algo más preciso y, probablemente, más preocupante: la inseguridad ya forma parte del costo de hacer negocios en el Perú.
Y cuando un gobierno quiere mejorar la competitividad, atraer capital y acelerar la inversión, reducir ese costo puede ser tan importante como ofrecer incentivos tributarios, simplificar trámites o construir nueva infraestructura.
El crimen, finalmente, ya no está solamente en las páginas policiales., también está entrando en las hojas de cálculo de las empresas.
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