Por años, la informalidad laboral peruana ha sido tratada como una enfermedad crónica para la que ningún gobierno parece encontrar una cura. El nuevo diagnóstico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga, sin embargo, a mirar el problema de otra manera: la informalidad ya no es una anomalía del mercado laboral peruano; es una de sus características centrales.
El dato es contundente. Al cierre de 2025, el 69.8% de los trabajadores ocupados en Perú se encontraba en la informalidad, según el reporte Tendencias del Mercado Laboral en América Latina y el Caribe de la OIT. Perú ocupa así el tercer lugar entre los países analizados, detrás de Bolivia, con 82.2%, y Ecuador, con 70.1%.
Hay una ironía particularmente incómoda en esta fotografía. Perú redujo su tasa de informalidad alrededor de un punto porcentual respecto de 2024. Es decir, hubo una mejora. Pero fue demasiado pequeña para modificar su posición en el ranking regional. El país avanzó, pero no lo suficiente como para dejar de estar en el podio equivocado.
La cifra significa que aproximadamente siete de cada diez trabajadores peruanos desarrollan sus actividades sin las condiciones asociadas a un empleo formal. No se trata, por tanto, de una economía informal que funciona en los márgenes de la economía moderna. La informalidad constituye una parte sustancial del mercado laboral que sostiene el consumo, los servicios, el comercio y buena parte de la actividad empresarial.
La propia OIT advierte que, en economías como la peruana, la informalidad continúa siendo la principal forma de inserción laboral y un rasgo estructural del funcionamiento del mercado de trabajo.
El crecimiento que no alcanza al trabajador
El problema adquiere una dimensión mayor cuando se observa la trayectoria económica del Perú. Durante décadas, el país construyó una reputación internacional basada en estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, apertura comercial y capacidad para atraer inversión. Pero ese desempeño no produjo una transformación equivalente del mercado laboral.
La paradoja es evidente: Perú puede exhibir estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, tener uno de los mercados laborales más informales de la región. Ese divorcio debería preocupar mucho más que el ranking de la OIT.
Una economía puede crecer, exportar más minerales, atraer capital y mantener una moneda relativamente estable. Pero si casi siete de cada diez trabajadores permanecen fuera de la formalidad, una parte importante de los beneficios del crecimiento no se convierte en empleos estables, pensiones, seguros, capacitación o mayor productividad.
La informalidad también limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos. Menos trabajadores y empresas plenamente incorporados al sistema formal significan una base tributaria más estrecha y mayores dificultades para financiar salud, educación, infraestructura y protección social.
El círculo es perverso: baja productividad genera informalidad; informalidad reduce la productividad; y ambas terminan limitando el crecimiento potencial.
El problema no es solamente el pequeño comerciante
Durante mucho tiempo, el debate peruano sobre informalidad estuvo dominado por una imagen sencilla: el pequeño comerciante, el vendedor ambulante, el emprendedor de barrio o la microempresa que opera sin registro.
La realidad es considerablemente más compleja. La OIT identifica otra capa del problema: la informalidad dentro de empresas formalmente constituidas. En Perú, alrededor del 20% del empleo informal se desarrolla en empresas registradas formalmente. El fenómeno incluye trabajadores que no están en planilla, uso irregular de recibos por honorarios o pagos que no se registran completamente.
Esto cambia sustancialmente la discusión. No basta con formalizar al pequeño negocio de la esquina si una empresa registrada puede mantener simultáneamente trabajadores formales e informales. Tampoco basta con aumentar las multas o multiplicar las inspecciones si el sistema de incentivos continúa haciendo costosa la contratación formal. La frontera entre formalidad e informalidad es mucho más difusa de lo que suele admitir el debate político.
Aquí aparece uno de los problemas más difíciles para cualquier gobierno.
Formalizar no consiste simplemente en obligar a una empresa a registrarse. Para una pequeña compañía con baja productividad, incorporar todos los costos laborales, tributarios y regulatorios puede convertir una operación marginalmente rentable en una operación inviable.
Pero la respuesta tampoco puede ser mantener indefinidamente un sistema informal porque formalizar resulta caro. La salida está en elevar la productividad. Ese enfoque obliga a abandonar una vieja costumbre de la política peruana: creer que un único ministerio puede resolver la informalidad. No puede.
El Ministerio de Trabajo puede fiscalizar. Economía puede diseñar incentivos tributarios. Producción puede trabajar con las MYPE. Educación puede mejorar las competencias laborales. Sunafil puede fortalecer la supervisión. El sistema financiero puede ampliar el acceso al crédito. Pero si cada institución trabaja por separado, la informalidad continuará ganando.
La discusión debe incorporar productividad, capacitación, reducción de costos no salariales, simplificación regulatoria, acceso al financiamiento y mecanismos que permitan a las empresas pequeñas transitar gradualmente hacia la formalidad.
El problema es político además de económico.
Formalizar implica enfrentar intereses, reducir privilegios, simplificar normas y, sobre todo, aceptar que algunas políticas populares pueden tener efectos adversos sobre la creación de empleo. También exige reconocer que no todo empresario informal es un evasor deliberado. Para miles de pequeños negocios, la informalidad constituye una estrategia de supervivencia ante un mercado de baja productividad.
Castigarlos sin modificar las condiciones que producen informalidad equivale a combatir el síntoma y dejar intacta la enfermedad.
Tercero en informalidad en América Latina no es una medalla. Es una advertencia. Y quizá la más incómoda sea esta: después de décadas de crecimiento, estabilidad y reformas, Perú todavía no ha conseguido que la mayoría de sus trabajadores forme parte de la economía que pretende construir.
El desafío para el próximo quinquenio no debería ser simplemente crecer más. Debería ser crecer de otra manera: con más productividad, más empresas formales y, sobre todo, con muchos más trabajadores dentro de la economía formal.
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