Las Elecciones Generales Perú 2026 estuvieron marcadas por gravísimos errores en diversas instancias del proceso que afectaron el normal desarrollo de la votación en distintas zonas del país, especialmente en Lima Metropolitana. En este contexto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su preocupación por las incidencias registradas en la instalación de mesas de sufragio, advirtiendo que estas afectaron directamente el ejercicio del derecho al voto de miles de ciudadanos.
A través de un pronunciamiento, el gremio empresarial señaló que los retrasos en la entrega de material electoral y en la instalación de mesas generaron dificultades desde las primeras horas del día, impactando a electores que acudieron a votar sin poder concretar su participación. En ese sentido, exhortó a las autoridades a ofrecer una explicación clara y verificable sobre lo ocurrido, detallando las causas, los lugares afectados y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del proceso.
CCL exige determinar y sancionar responsables
A través de un pronunciamiento, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su “enérgico rechazo” frente a lo que calificó como graves deficiencias logísticas y tecnológicas que afectaron el desarrollo normal de las elecciones. Entre los principales problemas mencionados figuran la falta de material electoral en diversos centros de votación, incidencias en los sistemas digitales y ciudadanos que no pudieron sufragar dentro del horario establecido.
En esa línea, el gremio remarcó que “ampliar el horario de votación no es gestión: es la prueba del fracaso de una preparación que debió ser irreprochable”. Asimismo, advirtió que estas situaciones no pueden considerarse hechos aislados, sino que reflejan problemas estructurales en la administración pública.
La institución también demandó una investigación transparente para determinar responsabilidades y pidió que se garantice que ningún ciudadano quede sin votar debido a fallas que, según indicó, el Estado debía prever y evitar. “La voluntad popular no se negocia ni se administra con improvisación”, enfatizó.
Confianza empresarial?
Justamente antes de las elecciones, los gremios empresariales habían invocado que entre las primeras señales del nuevo Ejecutivo estén combatir la inseguridad, garantizar la estabilidad jurídica y destrabar proyectos de inversión para recuperar la confianza empresarial.
“Antes de que se celebre una segunda vuelta presidencial en Perú, el sector empresarial ya tiene clara la hoja de ruta que espera del próximo gobierno y del nuevo Congreso cuando asuman funciones, el próximo 28 de julio: seguridad ciudadana, estabilidad política, destrabe de inversiones y reformas que permitan recuperar la confianza y reactivar el crecimiento económico”.
Representantes de los principales gremios empresariales consultados por Bloomberg Línea coincidieron en que el país necesita, con urgencia, señales claras que permitan reactivar la inversión privada, en un contexto marcado por la inestabilidad política de los últimos años, el aumento de la inseguridad y la desaceleración de la economía.
“El país necesita enrumbarse nuevamente hacia el crecimiento económico y eso pasa por reactivar la inversión privada, que es el principal motor del crecimiento y del empleo formal”, señaló el director ejecutivo de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Jaime Dupuy. “Sin inversión privada no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción sostenible de la pobreza”.
Las señales en los primeros 100 días
Para el sector empresarial, las primeras decisiones del próximo Gobierno serán claves para medir la dirección económica y política del país. Entre las señales más importantes destacan acciones inmediatas en seguridad ciudadana y medidas concretas para destrabar proyectos y reducir la burocracia.
Dupuy señaló que el gobierno entrante debe demostrar desde el inicio que el Estado será un aliado de la empresa privada, mediante la simplificación de trámites, la eliminación de barreras burocráticas y la promoción de proyectos de inversión, especialmente a través de asociaciones público-privadas.
En la misma línea, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, sostuvo que una de las prioridades inmediatas debe ser enfrentar la inseguridad, en particular delitos como la extorsión y el sicariato, que afectan tanto a la población como a las empresas. Para ello, propuso la creación de una policía especializada contra el crimen organizado, con tecnología, logística y presupuesto adecuados.
Cárceles en Perú
Empresarios piden seguridad, estabilidad y destrabe de inversiones al próximo gobierno de Perú. Crear una policía especializada contra el crimen organizado, una sugerencia de los expertos en Perú ante escalada de inseguridad por cuenta de delitos como la extorsión y el sicariato.
El deterioro de la seguridad ciudadana en Perú se ha intensificado en los últimos años, con más de 2.200 homicidios registrados en 2025, el nivel más alto en al menos una década y equivalente a más de seis asesinatos diarios. En paralelo, las denuncias por extorsión superaron las 25.000, afectando principalmente a transportistas, comercios y pequeñas empresas.
Este repunte ha elevado la tasa de homicidios a alrededor de 10,7 por cada 100.000 habitantes, un nivel considerado crítico, y ha convertido a la inseguridad en uno de los principales riesgos para la actividad económica y la inversión en el país.
Desde la CCL, su presidente, Ramiro Salas, señaló que las primeras señales del nuevo gobierno deben centrarse en recuperar la confianza, reactivar la economía y garantizar la seguridad ciudadana, lo que implica estabilidad política, respeto a la institucionalidad y reglas claras para la inversión privada.
Institucionalidad y reforma del Estado
Otro punto en el que coinciden los gremios empresariales es la necesidad de fortalecer las instituciones públicas y mejorar la gestión del Estado.
Zapata indicó que el país necesita recuperar la institucionalidad y la gobernanza, lo que pasa por retomar sistemas meritocráticos en el Estado y asegurar que las instituciones públicas estén dirigidas por profesionales calificados, como ocurre con el Banco Central de Reserva del Perú, liderado por Julio Velarde.
En tanto, Dupuy planteó la necesidad de fortalecer el servicio civil, impulsar la transformación digital del Estado y mejorar la calidad regulatoria para reducir la sobrecarga normativa que afecta la actividad empresarial y la formalización.
Asimismo, Salas enfatizó la necesidad de una gestión pública más eficiente, así como acciones firmes contra la corrupción, uno de los factores que deterioran la confianza y frenan el desarrollo económico.
Según una última encuesta de Ipsos, a pedido de Proética, el 88 % de peruanos considera que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, y el 81 % cree que se mantendrá igual o empeorará en los próximos cinco.
Sectores clave para el crecimiento
En cuanto a los sectores económicos que deberían impulsar la economía en los próximos cinco años, los gremios coincidieron en que la minería y la agroexportación seguirán siendo los principales motores del crecimiento, así como las exportaciones y la generación de empleo, especialmente en regiones.
Zapata señaló que el Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros de más de US$64.000 millones que podrían desarrollarse, mientras que la agricultura tiene un alto potencial de crecimiento si se continúa ampliando la frontera agrícola mediante proyectos de irrigación.
A estos sectores se suman la construcción y la infraestructura, donde el destrabe de obras públicas y proyectos paralizados podría tener un impacto importante en la reactivación económica y el empleo. También mencionó sectores con potencial como el forestal, hidrocarburos, pesca y manufactura.
El rol del Congreso y el riesgo populista
El nuevo Congreso, que funcionará bajo un sistema bicameral, también tendrá un rol clave en la gobernabilidad y en la agenda económica.
Los gremios empresariales advirtieron que el Parlamento debe evitar la aprobación de medidas populistas que generen gasto público sin sustento técnico o que afecten la sostenibilidad fiscal y la confianza de los inversionistas.
En efecto, de acuerdo a un comunicado del Consejo Fiscal, comisión autónoma y técnica, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, el actual Parlamento aprobó leyes “populistas” que tiene costo de al menos S/11.000 millones (US$3.200 millones) anuales al Estado.
Entre las medidas con mayores costos fiscales destacan se encuentran la nivelación de las pensiones de maestros jubilados y cesantes a la remuneración íntegra mensual; la modificación del régimen pensionario militar y policial del Decreto Legislativo N° 1133, y el otorgamiento de mayores beneficios laborales a los trabajadores CAS.
Asímismo, ComexPerú y Confiep plantearon la necesidad de avanzar en una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal que reemplace el actual sistema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), vinculado a la formalización minera, y que ha sido prorrogado en hasta en cinco ocasiones, desde el 2016, sin lograr resultados efectivos.
El mensaje del sector empresarial es que el Perú tiene el potencial para volver a crecer a 8% ó 9% anual, pero para ello es necesario recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y reactivar la inversión.
Es una prueba
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