La expansión de la minería ilegal sigue avanzando sin control en el Perú, y especialmente en regiones como Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Ayacucho, Puno, Piura, entre otras, donde el auge de esta actividad ilícita amenaza con destruir ecosistemas, contaminar fuentes de agua y someter a las comunidades a la influencia del crimen organizado, local y transnacional. Frente a esta situación, diversos especialistas y representantes del sector minero formal alertan que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) agravará fuertemente el problema.
Miguel Cardoso, presidente y CEO de Altura Minerals Corp., calificó de “locura” la propuesta de extender el REINFO, mecanismo que —según explicó— ha terminado siendo aprovechado por redes de minería ilegal que operan bajo la fachada de la formalización.
“La minería ilegal trae consigo la acción de bandas delictivas y está llenando nuestras regiones con delincuencia. Hoy existen 25 millones de hectáreas de minería ilegal frente a 18 millones de concesiones formales”, advirtió.
Cardoso señaló que la ampliación del REINFO no beneficia al país ni a las poblaciones locales, que terminan con su entorno devastado y sin oportunidades reales de desarrollo. En cambio, pidió que el Estado impulse la aplicación efectiva de la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), la cual permitiría una formalización real y sostenible.
“Las autoridades deben implementar la ley MAPE lo antes posible. El Gobierno tiene que oponerse a la extensión del REINFO”, enfatizó.
El empresario también hizo un llamado a las comunidades cajamarquinas para que apoyen a la minería formal, que sí genera inversión social, infraestructura y servicios básicos.
“En lugar de recibir a mineros ilegales que destruyen el medio ambiente, las comunidades pueden beneficiarse de proyectos formales que impulsen educación, salud e infraestructura”, recalcó.
Proyectos paralizados y el avance de la ilegalidad
El exviceministro de Minas, Augusto Cauti, coincidió en que la minería ilegal ha encontrado terreno fértil en Cajamarca debido a la paralización de los proyectos formales y a un discurso político ideologizado que ha enfrentado a la minería con el agro y el agua.
“Mientras más trabas se generen al desarrollo de proyectos formales, más espacio se deja a las invasiones ilegales”, advirtió.
Cauti lamentó que Cajamarca, una de las regiones con mayor potencial minero del país, siga siendo también una de las más pobres. Además, alertó que la burocracia y la falta de decisión política favorecen la expansión de la minería ilegal en zonas como Chugur, Sinchao, El Tingo, Hualgayoc, Sorochuco, San Ignacio y Santa Cruz.
El exfuncionario sostuvo que la depuración del REINFO es urgente, y que el Congreso debe aprobar una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala antes de fin de año.
“No se puede seguir ampliando plazos como en los últimos 15 años. Se necesitan reglas claras, trazabilidad y un oro responsable y limpio”, insistió.
Un llamado a la acción
Tanto Cardoso como Cauti coincidieron en que la lucha contra la minería ilegal requiere liderazgo del Estado, especialmente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo el marco del Estado de Derecho. Las interdicciones deben continuar, pero acompañadas de alternativas económicas sostenibles para las poblaciones vulnerables.
Con más de 25 millones de hectáreas tomadas por la minería ilegal, el Perú enfrenta una amenaza que trasciende lo ambiental: un desafío social, económico y de seguridad nacional.
Permitir la ampliación del REINFO, advierten los expertos, sería perpetuar la impunidad de quienes destruyen los recursos del país bajo el pretexto de la formalización.
Ejecutivo en el limbo
Cabe señalar que en el Ejecutivo, al parecer, reina la duda e incertidumbre. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, ha señalado que el Gobierno no evalúa extender el registro de formalización minera, que vence el 31 de diciembre del 2025, aunque considera “prudente atender los argumentos del sector que pide una salida gradual”.
“La posición de este gobierno es escuchar primero ambas partes. Estamos claro de que no se puede retroceder en medidas que ya han tenido una evaluación, sin embargo, la dirección que se ha dado es escuchar al sector que está pidiendo una ampliación y ver que salida gradual se puede dar”, expresó la titular del MEF.
Estas actitudes no son positivas, y estimulan la posición de los sectores ilegales que presionan una ampliación que sería nefasta. El Gobierno tiene la responsabilidad de cerrar filas contra la ilegalidad, acelerar la formalización real y devolverle al país la confianza en una minería responsable y sostenible.
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